El Gobierno Municipal de Fuenlabrada solicitó ayer al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que reserve una partida presupuestaria suficiente para el desarrollo del abono transporte social aprobado en 2016. Se trata de una iniciativa que beneficiaría a perceptores de la Renta Mínima de Inserción, personas desempleadas con bajos ingresos, prejubilados y prejubiladas, personas jubiladas o pensionistas menores de 63 años.
La moción de PSOE, Ganar Fuenlabrada e IUCM-Los Verdes, que contó con la abstención del PP y Ciudadanos, pide al resto de comunidades autónomas que alcancen un acuerdo que haga posible que las beneficiarias de estos abonos sociales tengan servicio en todo el territorio.
“En el mes de septiembre de 2016 se aprobó en la Comunidad de Madrid una Proposición No de Ley que instaba al Gobierno de la Comunidad de Madrid a estudiar y crear un abono social implantado en diferentes fases”, indica la moción, que recuerda que, inicialmente, debería ponerse en marcha en 2017 y ayudaría a 30.000 personas con un coste de unos 10 millones de euros.
“En abril de 2017, Ciudadanos se sumó al PP de la Comunidad de Madrid y votó no en la Asamblea de Madrid a una enmienda a los Presupuestos del 2017 que recogía la creación de una abono social del transporte gratuito para las personas inscritas en la Renta Mínima de Inserción (RMI)”, explica la moción que lamenta que este abono social se haya convertido en un “brindis al sol”.
En Fuenlabrada existen cerca de 500 personas que reciben la Renta Mínima de inserción, así como personas desempleadas, prejubiladas, jubiladas o pensionistas menores de 63 años que podrían beneficiarse de este abono social.
