El Pleno del Debate sobre el Estado del Municipio del Consistorio ha aprobado dos propuestas presentadas por el Grupo Municipal de Izquierda Unida CM-Los Verdes. Una de ellas relativa a la implantación de semáforos en la A-5 y otra relacionada con la implantación de la administración electrónica en el Consistorio.

En relación a la implantación de semáforos en la A-5, el Pleno ha acordado «instar al Ayuntamiento de Madrid a la paralización de este proyecto y por ende a la puesta en funcionamiento de los semáforos».

«Con el inicio del funcionamiento de dichos semáforos a la altura de Campamento, Batán, Aluche, se provocarán atascos superiores a los que ahora ya existen», explica en su propuesta el portavoz del Grupo Municipal IU CM-Los Verdes, Eduardo Gutiérrez.

Para Gutiérrez, «Móstoles y sus habitantes se van a ver seriamente perjudicados con esta medida», de ahí que el Ayuntamiento de Móstoles muestre su rechazo a la “semaforización de la A5 a su paso por Campamento, Batán y Aluche».

Propuesta relacionada con la implantación de la administración electrónica en el Consistorio

Al objeto de hacer efectiva la implantación total de la administración electrónica en el Ayuntamiento de Móstoles antes del día 2 de octubre de 2020, según se exige por ley, el Pleno también se ha comprometido a hacer efectiva dicha implantación en tiempo y forma.

Para ello, se establecerá un cronograma de actuaciones y el Consistorio «comprometerá los recursos necesarios en los presupuestos municipales para poder cumplir con esta trascendental cuestión».

“Basta con hacer una comparativa con otros municipios para poder comprobar que el Ayuntamiento de Móstoles necesita un esfuerzo en esta materia”, explica Eduardo Gutiérrez en la Propuesta aprobada en el Pleno.

Según el portavoz, se debe realizar, en primer lugar, «una declaración de intenciones en cuanto a que se considere esta cuestión como de interés prioritario para ser puesta en marcha, en segundo lugar que se haga un cronograma de actuaciones a seguir para cumplir este objetivo y en tercer lugar comprometer una inversión en esta materia que permita en el horizonte temporal de dos años cumplir con la legislación vigente».