Dentro de las actividades que el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha organizado con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, tendrá lugar mañana, una jornada técnica dirigida a profesionales, agentes sociales y a la ciudadanía en general.
Los menores y la violencia de género: víctimas directas y olvidadas es el título de esta jornada que será inaugurada por el alcalde Manuel Robles y la concejala de Igualdad Silvia Buabent a las 10 horas en el Ayuntamiento de Fuenlabrada.
La catedrática de Psicología de la Educación y directora de los Estudios Estatales sobre Igualdad y Prevención, María José Aguado, impartirá la conferencia inaugural: Violencia de género y desarrollo en la infancia y la adolescencia.
La custodia de los menores será otro asunto a abordar y en esta ocasión lo harán representantes de la Asociación de Mujeres Juristas Themis y una psicóloga infantil experta en violencia y custodia compartida, Gloria Hernández.
Durante la jornada se expondrán diferentes propuestas de intervención y apoyo a los niños y niñas que viven o han vivido estas situaciones violentas. Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, presentará el fondo de prevención Soledad Cazorla , destinado a menores huérfanos a causa de violencia machista. La psicóloga infantil Ana Isabel Cano, también expondrá propuestas de intervención y atención.
Las concejalas del Ayuntamiento de Fuenlabrada, Silvia Buabent (Igualdad), Carmen Bonilla (Bienestar Social) y Raquel López (Seguridad y Hacienda) actuarán como moderadoras de los diferentes debates.
Las actividades son gratuitas y están dirigidas a la ciudadanía y se plasman en exposiciones, teatro, cine-coloquio, conferencias, música, seminarios&
Hace unos días, el pleno aprobaba una moción en la que exigía al Gobierno regional un incremento económico para los convenios firmados con este Ayuntamiento en materia de prevención, sensibilización e intervención; más formación especializada a todos los agentes implicados y que promueva campañas específicas de sensibilización.
Además pedía al Gobierno central el aumento en las partidas presupuestarias destinadas a la violencia de género, que no reduzca programas, formación ni servicios y que promueva un Pacto de Estado que contemple el desarrollo de la Ley de Protección Integral, medidas a favor de los menores y que garantice una red de servicios y centros de ayuda a las víctimas de estos delitos.