Noelia Posse propone que una comisión municipal investigue la adjudicación de la fallida línea ferroviaria hasta Navalcarnero

Comisión municipal Línea Ferroviaria - Móstoles Central Navalcarnero

La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, ha firmado un proyecto de acuerdo sobre la creación de una comisión municipal de investigación relativa a la fallida línea ferroviaria hasta Navalcarnero que se someterá a debate y votación en el próximo Pleno Municipal a celebrar el jueves, 25 de octubre.

En el texto de la propuesta se recuerda que el tren de Móstoles a Navalcarnero data de 2007, un proyecto presupuestado en más de 350 millones de euros, adjudicado a Cercanías Móstoles Navalcarnero, S.A, -cuyos accionistas son OHL S.A. Y OHL S.L.

Hay que añadir que este proyecto paralizo la ciudad durante años cortando el acceso en la Avenida de Portugal y a la estación de Cercanías Móstoles Central a decenas de miles de Mostoleños.

 

Motivos para la investigación en Móstoles

Los motivos son dobles: en primer lugar, los perjuicios que la paralización de la obra ha provocado a la población de Móstoles, que no verá cumplidas sus aspiraciones de contar con un metro ligero que una su casco urbano con Navalcarnero, ni tampoco el soterramiento del ferrocarril, ni mucho menos la implantación de nuevas paradas en Parque Coímbra y la proyectada plataforma logística.

Un segundo motivo es el hecho de que el Ayuntamiento de Móstoles fue parte codemandada en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa adjudicataria contra la Comunidad de Madrid.

En este punto, conviene recordar que el Consistorio mostoleño suscribió un convenio con la Comunidad de Madrid en 2006 en virtud del cual el Ayuntamiento se comprometía a aportar 50 millones de euros para la financiación de la obra.

Paradójicamente, en cambio, paralizadas las obras por la incapacidad de la adjudicataria de conseguir los recursos financieros ajenos (el 76% de la inversión) a los que estaba obligada, la empresa reclamó la aportación comprometida por Móstoles, algo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó mediante sentencia de marzo de este mismo año.