Sevilla, 29 ago (EFE).- La entidades locales han acaparado las denuncias anónimas presentadas en la Oficina Andaluza Antifraude (AAF) desde su creación en 2021 hasta agosto de 2023, al registrar 104 (46 %) sobre autorizaciones y licencias urbanísticas del total de las 226 presentadas en este organismo dependiente del Parlamento andaluz.
En declaraciones a EFE, el director de la Oficina Andaluza Antifraude, Ricardo Puyol, ha defendido la función preventiva en casos de corrupción que tiene este órgano de control y ha admitido que «no supone» un sorpresa que las entidades locales y el urbanismo «se lleven la palma» en cuanto a la denuncias presentadas.
La estadística de la AAF, actualizada a 13 de agosto, recoge junto a estas denuncias un 36 % de las mismas contra la Junta de Andalucía (81); un 13 % de otros organismos (30) y un 5 % contra las universidades (11 denuncias).
La mayoría de ellas se refieren a autorizaciones y licencias urbanísticas seguida de contratos, incompatibilidades, recursos humanos y otros, aunque el 40 % de las denuncias se refieren a asuntos de personal.
La Oficina, creada a finales de 2021 a iniciativa el anterior gobierno de coalición (PP-Cs), anota desde que comenzó a funcionar un crecimiento exponencial en la recepción de denuncias, ya que recibió 2 en dicho año, 35 en el 2022 y 189 hasta agosto de 2023, según ha confirmado a EFE la AAF, que apunta que el 90 % de los denunciantes no ha solicitado protección.
Respecto al estado de tramitación, en 102 casos (45 %) la investigación ha sido autorizada, mientras en 56 fue rechazada (25 %); 41 (18 %) están sin procesar y 27 denuncias (12 %) tienen solicitada la autorización.
Estas administraciones «son más proclives a la comisión de irregularidades, ya lo presumía. La concesión de licencias administrativas para edificar es un claro campo en el que se comete fraude», ha expuesto Pujol.
La AAF – ha detallado- funciona como un órgano de supervisión que no tiene competencias para sancionar, salvo que las autoridades se nieguen a dar información, por lo que, a partir de denuncias anónimas, comprueba los indicios sobre irregularidades, elabora un informe con material «inculpatorio» y lo pone en conocimiento del órgano competente de la administración para efectuar la corrección y soslayar la irregularidad.
Si hay indicios de criminalidad se remite a la Fiscalía en forma de denuncia, ha subrayado Puyol, magistrado con 21 años de ejercicio que ha estado al frente de dos juzgados de instrucción en Marbella cuando se investigaba la ‘Operación Malaya’, una trama de corrupción que afectó a las arcas del Ayuntamiento.
Además, el director de la Oficina Antifraude y contra la Corrupción se muestra convencido de que la misma es un «instrumento muy útil» para evitar que lo que «comienza siendo una mínima irregularidad termine en una gran irregularidad, en un gran fraude».
