En las sesiones plenarias celebradas en el mes de julio y octubre, a propuesta de la Concejala de Hacienda, se ha decidido incorporar 23 millones de euros del Remanente del ejercicio 2019 a sentencias derivadas de actuaciones de años anteriores.

“Se trata de un valioso crédito que, en lugar de ir a planes de asfaltado o inversiones absolutamente necesarias en barrios e instalaciones municipales, lamentablemente deberán ser aplicadas al cumplimiento de sentencias firmes derivadas de la nula gestión del Gobierno anterior”, ha manifestado Candelaria Testa, concejala de Hacienda, Contratación y Patrimonio.

De este modo, “con esta decisión, se incorporarán 23,1 millones de euros al capítulo de expropiaciones de terrenos; de ellos,18,2 se destinarán a un fondo de previsión de la ejecución de sentencia relativa al Parque de Las Presillas y 4,9 a la ejecución de sentencia del barrio de Fuente Cisneros.

En el caso del Parque de Las Presillas, la concejala ha recordado que “el Gobierno socialista configuró el espacio para potenciar sus características y beneficios para la ciudad, como un parque periurbano, el pulmón de la ciudad de Alcorcón”.

Para ello, “se traspasó edificabilidad, de común acuerdo con los propietarios de los terrenos, al Distrito Norte. Esta cuestión se invalidó cuando este desarrollo de la zona norte de la ciudad se declaró nulo en los Tribunales sin que el Ayuntamiento de Alcorcón, entonces gobernado por David Pérez, tomara parte en el proceso, ya que el Consistorio se negó a comparecer en el procedimiento para defender los intereses de la ciudadanía”.

El caso de Fuente Cisneros hace referencia a la finca en la que, gracias a Fondos del Plan E, se construyó un centro cívico y un parque en 2009. El ayuntamiento llegó a un acuerdo con la propiedad para realizar una permuta de terrenos en Ventorro del Cano.

Testa ha recordado que “esta operación se llevó a término en varias Juntas de Gobierno, en concreto en octubre de 2010 y marzo de 2011; sin embargo, cuando el PP accedió al Gobierno decidió paralizar el procedimiento. “Tras la denuncia de los propietarios en 2013 ante la inacción del Gobierno popular, ahora acabaremos pagando 5 millones en fondos líquidos del Ayuntamiento”, ha explicado.

Finalmente, Candelaria Testa ha señalado que “la pésima gestión del anterior alcalde, y hoy Consejero de Vivienda y Administración Local, ha implicado que nos ha dejado como herencia sentencias de grandes cuantías que nos obligarán a destinar valiosos recursos tan sólo para el pago de las mismas y que desgraciadamente no podrán destinarse a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”.