Barcelona, 10 jun (EFE).- La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha aceptado la dimisión de la secretaria general de la cámara, Esther Andreu, después de que un informe constatara un «número importante de incidencias» en el proceso de selección en el que su hijo ganó una plaza interina de ujier sin que ella informara.
En un comunicado, la presidenta ha informado de que, tras conocer el contenido del informe de la Oficina Antifraude de Cataluña, acepta la dimisión que Andreu anunció hace dos semanas, precisamente como protesta por la petición de una auditoría jurídica externa sobre su actuación.
En el informe que ha remitido a la Mesa del Parlament, al que ha tenido acceso Efe, la Oficina Antifraude es muy dura con la actuación de Esther Andreu e indica que hay «dudas razonables sobre la correcta tramitación del procedimiento», no únicamente en relación con su hijo, «sino en general».
Y agrega: «La inadecuada gestión del conflicto de interés podía generar, como ha ocurrido, dudas generalizadas sobre la imparcialidad y objetividad de determinada actuación pública, y con ello un evidente daño a la confianza en las instituciones y su actuación».
La polémica se desató a principios de mayo, cuando los miembros de la Mesa descubrieron que habían concedido una plaza interina de ujier al hijo de la secretaria general sin conocer su parentesco con la que, hasta hoy, era la máxima responsable de la administración parlamentaria.
Desde el primer momento, Andreu se trató de justificar: dijo que se había abstenido «verbalmente», que no había participado «ni directa ni indirectamente» en el procedimiento y que no era «pertinente» informar a la Mesa sobre la situación porque eso vulneraría los derechos de su hijo.
Sin embargo, Antifraude rebate esos argumentos y afirma que la secretaria general se hallaba ante un caso «claro» de conflicto de intereses y que, pese a ello, gestionó «directamente» algunas actuaciones vinculadas al proceso de selección, y tomó parte «de una forma u otra» en otras tantas.
Asimismo, subraya que en cualquier caso la abstención no puede ser verbal, sino que «se tiene que documentar» y acompañar de una comunicación al superior jerárquico, en este caso la Mesa.
«El cumplimiento de los deberes derivados de la concurrencia de causa de abstención -dice el documento- no quedan limitados a ‘apartarse del procedimiento’; la abstención también implica, en directa conexión con el principio de transparencia, que se informe de la concurrencia de la causa, que se haga una declaración en este sentido, que se exteriorice, como determina la norma, el conflicto de interés».
Independientemente de la mala gestión del conflicto de intereses, Antifraude no aprecia otros indicios de mala praxis en lo que se refiere a la evaluación de los candidatos.
Desde que se hizo público, este caso ha marcado las reuniones de la Mesa y ha provocado tensiones entre Borràs y los representantes de la Mesa de PSC-Units, ERC y CUP, que alertaron de las lagunas en las explicaciones de Andreu y rechazaron que se saldara con un informe interno -opción que la presidenta defendió durante semanas- porque quien lo elaboraría sería un subordinado de la secretaria general.
De hecho, Andreu aportó por iniciativa propia dos informes, uno de recursos humanos y otro elaborado por un letrado de la cámara, que avalaban su actuación, a diferencia de lo que ha determinado de forma contundente Antifraude, que recomienda al Parlament elaborar un protocolo para casos de esta índole.
