La Comunidad de Madrid está impulsando una nueva  regulación para garantizar la convivencia de taxi y VTC. Así lo ha explicado hoy  en la Asamblea de Madrid el consejero de Transportes, Movilidad e  Infraestructuras, Ángel Garrido, que ha detallado las cuestiones que se  incorporarán a la nueva normativa.

“Ante la falta de respuesta por parte del Gobierno central, hemos tomado la  decisión de llevar a cabo la regulación necesaria del sector de VTC, a través de  una modificación de la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes  Urbanos de la Comunidad de Madrid”, ha explicado Garrido.

El consejero ha recordado que el Ejecutivo madrileño reclamó en su momento al  Gobierno una normativa homogénea, de tal manera que se crease un marco  jurídico común para todas las comunidades autónomas, tal y como recomienda  la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, sin que se haya dado paso  alguno en este sentido.

“El Real Decreto de 2018, con el que el ministro Ábalos quiso garantizar el  equilibrio entre taxis y VTC, lejos de solucionar los problemas de competencia,  lo que puso de manifiesto es que las medidas que recogía eran insuficientes e  inadecuadas”, ha subrayado Garrido.

Asimismo, se va a establecer el marco jurídico necesario para llevar a cabo la profesionalización del sector, con la exigencia de determinados requisitos para ejercer como conductor de VTC similares a los  existentes para conducir un taxi.

Además, se va a modificar el régimen sancionador existente para adecuarlo a la  nueva realidad del sector, recogiendo nuevos hechos infractores concretos y  revisando su gravedad, atendiendo al impacto en la competencia entre  empresas, entre otros aspectos.  

Garrido ha recordado que en el propio Real Decreto de 2018, el Gobierno se  comprometía a presentar a las Cortes Generales un proyecto de ley de modificación del régimen de infracciones y sanciones en el plazo de seis meses.  “Casi dos años después, esto no se ha producido”, ha incidido.  

Por eso, ha insistido, la Comunidad de Madrid va a actuar con responsabilidad  para definir de forma clara los servicios de VTC, regular la convivencia con el taxi, impulsar la profesionalización del sector y adaptar el régimen sancionador a  la realidad actual. “Nosotros actuamos mientras el Gobierno sigue eludiendo su  responsabilidad”, ha concluido.