El Congreso debatirá el «plan B» del PP para combatir la pandemia sin alarma

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El Congreso de los Diputados debate mañana, martes, el «plan B jurídico» del Partido Popular, una propuesta para que sea posible adoptar restricciones ante la pandemia recurriendo a la ley de salud pública, sin tener que hacer uso del estado de alarma.

El líder de la oposición, Pablo Casado, quiere sacar a España de la excepcionalidad en la que a su juicio el Gobierno de Pedro Sánchez ha colocado al país por no hacer los deberes y no modificar la normativa para que la legislación ordinaria sea el instrumento con el que las autonomías hagan frente al virus.

Cree Casado que el Ejecutivo opta por el estado de alarma para gobernar «a golpe de decreto» y «sin contrapeso» y que Sánchez busca eludir el control del Congreso durante medio año al tiempo que se «parapeta» tras las autonomías para no responsabilizarse de la gestión de la crisis sanitaria.

Así lo denunció el líder de la oposición al defender la abstención, «crítica» según dijo, del PP respecto al estado de alarma de seis meses de duración, una argumentación que volverá a escucharse en la Cámara baja cuando el PP defienda el martes la toma en consideración de su propuesta, que modifica la Ley Orgánica 3/1986 -la de salud pública- y la que regula la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Ley 29/1988).

El Partido Popular hablará con el resto de grupos parlamentarios con el objetivo de sumar una mayoría que permita seguir tramitando su «plan B jurídico», que defienden como «una norma que fortalece las capacidades del Estado para velar por la salud de los españoles» y que «protege los derechos y libertades de los ciudadanos».

Y pedirá al Gobierno «que apoye un modelo legal, ordinario, regulado y seguro, que es también un modelo de colaboración entre las administraciones», según adelantan desde el grupo que encabeza Cuca Gamarra.

El PP registró su propuesta el pasado mes de agosto y desde entonces reitera su necesidad, recordando que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se comprometió en mayo en el Congreso a impulsar cambios legislativos para no recurrir al estado de alarma, como finalmente ha ocurrido.

Por contra, el Gobierno de Sánchez argumenta que la suspensión de derechos fundamentales requiere de un instrumento jurídico excepcional como el estado de alarma, por ser más garantista y democrático.

Una postura compartida por la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien considera que hacer uso de la legislación ordinaria para recortar libertades provocaría que el presidente del Gobierno no tuviese que acudir «ni una sola vez» al Congreso a rendir cuentas ni a recabar apoyo.

Sobre la mesa el PP pondrá un texto que pretende que la ley de salud pública recoja las «potestades administrativas concretas que quepa ejercer» durante una epidemia, añadiendo al artículo 3 el control de los enfermos mediante «el sometimiento obligado de las personas sospechosas a observación de salud de pública» o de «cuarentena, aislamiento o tratamiento».

Una modificación legal que habilitaría además a «localizar a personas sospechosas o afectadas», limitar entradas y salidas en zonas afectadas o amenazadas, controlar el movimiento y el derecho de reunión.

Además, quieren que los juzgados de lo contencioso administrativo validen en 24 horas las limitaciones, que se adoptarían por plazos de 15 días prorrogables durante otra quincena.

Fuente: © EFE 2020.

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