Madrid, 7 ago (EFE).- Colectivos ecologistas han alertado sobre la “irresponsabilidad” del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que promueve un «retroceso» en las políticas del agua en la región impulsando un mayor consumo, además de defender intereses contrarios a los municipios madrileños a orillas del Tajo.

La tramitación en curso de una nueva 'ley ómnibus' autonómica, que modifica 131 artículos de diez leyes, incluye disposiciones que benefician intereses empresariales y económicos de sectores con consumos «suntuosos» e insostenibles de agua, como los centros de datos, campos de golf y nuevos regadíos.

También critican que el Gobierno de Díaz Ayuso defendiese una gestión del trasvase Tajo-Segura «insostenible» para los municipios ribereños madrileños, en la cumbre de los gobiernos de Andalucía, Comunidad Valencia, Madrid y Región de Murcia a finales de julio, indican las asociaciones ecologistas en un comunicado conjunto.

Resulta «sorprendente» que, en esa reunión de gobiernos del PP sobre las próximas reglas de explotación del trasvase, Madrid no tuviera en cuenta que sus municipios a orillas del Tajo vienen padeciendo «desde hace 44 años la reducción de caudales por las transferencias de agua» hacia el Levante.

Caudal del Tajo

En concreto, Aranjuez, Colmenar de Oreja, Villarejo de Salvanés, Villamanrique de Tajo, Fuentidueña de Tajo y Estremera llevan décadas de «merma en sus posibilidades de desarrollo social, ambiental y económico» debido a estas transferencias, añaden las asociaciones.

Según el anuario de estaciones de aforos, dependiente del CEDEX, el caudal medio del Tajo a su paso por Aranjuez ha bajado en casi un 80% desde la entrada en funcionamiento del trasvase, con un promedio en los últimos diez años de 7,7 metros cúbicos por segundo (m3/s).

Los caudales ecológicos que el Plan Hidrológico del Tajo establece «y que son cuestionados por el gobierno madrileño, son una medida esencial para alcanzar los objetivos legales del buen estado del río», continúan las asociaciones.

 El gobierno madrileño, al criticar la implantación de los caudales ecológicos en el río Tajo, está «cuestionando la aplicación de las leyes y de las sentencias judiciales».

Ley ómnibus y un mayor consumo de agua

El anteproyecto de Ley de medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio, la nueva 'ley ómnibus' madrileña, busca «desregular» medidas de control del consumo hídrico o «eludir las competencias conferidas constitucionalmente» al Estado.

Entre las modificaciones, se busca «eximir del procedimiento de evaluación ambiental la construcción de campos de golf», desoyendo incluso al Defensor del Pueblo.

También se pretende «declarar los regadíos como infraestructuras hidráulicas de interés regional» para «puentear al Ministerio para la Transición Ecológica en la autorización preceptiva», pasando la autorización a ser «competencia exclusiva del Gobierno regional».

Se pretende «eliminar los controles estatales» para implantar actividades «con graves daños ambientales, como puede ser el caso de la plantación de pistachos de Sancorganic S.L, en Valdetorres del Jarama».

También para la implantación de centros de datos, que necesitan «ingentes cantidades de agua para sus circuitos de refrigeración», con un consumo de 24,9 millones de litros de agua anuales para «un solo edificio», de los 59 proyectados anualmente en la región, según cifras del DGTL Infra (responsable de infraestructuras de centros de datos).

Los colectivos ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura llaman a una «profunda reflexión» al Gobierno regional ante el cambio climático.

Estas políticas regionales que «estimulan la demanda de agua suponen un error que puede tener consecuencias a medio plazo en la calidad de vida de la ciudadanía madrileña y en la calidad de nuestros ríos», concluyen.