El Gobierno municipal de Móstoles ha iniciado el expediente de rescisión del contrato de suministro y servicios energéticos y mantenimiento integral de Edificios Municipales y Centros Educativos del Municipio adjudicado a Cofely, por un servicio a prestar en 12 años y un importe de más de 73 millones de euros.

La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, que anunció el inicio del expediente en rueda de prensa junto al segundo teniente de alcaldesa, Gabriel Ortega, y el concejal de Medio Ambiente, parques y jardines y limpieza viaria, responsable del mantenimiento de edificios públicos, manifestó su «orgullo» por poder anunciar el principio del fin del «capítulo más oscuro y negro de la historia de la democracia en la ciudad de Móstoles».

La adjudicación a Cofely, que empezó a investigar poco tiempo después el juez Eloy Velasco, y fue incluida en la Trama Púnica, es la causa que, aparte de dimitir, y mantiene a día de hoy en condición de investigado a Daniel Ortiz, segundo alcalde del Partido Popular de la ciudad, que además fue teniente de alcalde, y sucesor designado del otro alcalde popular investigado, Esteban Parro.

El inicio de las gestiones para la rescisión del contrato con Cofely se hicieron en junio de 2015 cuando se le delegaron las competencias en el mantenimiento de edificios públicos al actual Gobierno municipal. La alcaldesa destacó las dificultades que el Ayuntamiento, y en concreto la Concejalía de Medio Ambiente, se ha encontrado durante estos años, desde la llegada al gobierno municipal del nuevo equipo, para conseguir el inicio de este expediente, y reconoció que «nos hubiera gustado acabar de un plumazo con este contrato cuando llegamos, pero ha sido muy complicado llegar a este punto».

Por su parte, el segundo teniente de alcaldesa, Gabriel Ortega, recordó que «sacar a Cofely» del Ayuntamiento fue una promesa electoral en 2015, y afirmó que «el que la hace la paga, y nosotras y nosotros decimos lo que pensamos y hacemos lo que decimos».

Cofely, añadió, siempre se ha negado a facilitar los datos sobre consumos, ahorro y eficiencia energética, que precisamente, dijo Ortega, era el principal objeto del contrato, razón por la que Móstoles se convierte en el primer ayuntamiento que no llega a acuerdo con la compañía, sino que «les echamos reclamándoles más de 4 millones de euros por los trabajos no realizados», a falta de una auditoría que determinará daños y perjuicios.

Al finalizar los procedimientos administrativos, se trabajará en la remunicipalización del servicio, que será prestado por trabajadores municipales. «Todos sabemos cómo entró esta empresa en nuestro Ayuntamiento, y hoy, toda la ciudadanía mostoleña sabrá cómo va a salir», concluyó.