El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles impulsar un plan para la transformación del sistema agroalimentario, dentro de los puntos que conforman el dictamen para la reconstrucción social y económica tras la crisis de la covid-19.
El documento, que recoge las conclusiones de la Comisión para dicha reconstrucción tras dos meses de trabajo y decenas de comparecencias, incluye medidas relativas a la sanidad, la reactivación económica, las políticas sociales y la Unión Europea.
Respecto a la reactivación económica, hay un bloque dedicado al modelo productivo, con especial atención a la industria, el sector primario y otros ámbitos estratégicos.
El dictamen reconoce el carácter «esencial» del sector primario, como se ha puesto de manifiesto durante la pandemia del coronavirus, a pesar de la crisis de rentabilidad que viene enfrentando.
El plan para la transformación del sistema agroalimentario tomará forma en una ley de transición ecológica y defensa del sector agroalimentario, pactada con el sector, con el fin de alcanzar una producción agropecuaria «100 % ecológica» para 2040, según el texto.
También se recoge la importancia de establecer una «política industrial y de promoción específicas para el sector agroalimentario», que sea «intensiva en transformación» y ponga en valor las denominaciones de origen, la dieta mediterránea y la gastronomía.
Impulsar el conocimiento científico del medio marino, fomentar el equilibrio de la cadena de comercialización de productos pesqueros y acuícolas, y establecer medidas de apoyo para garantizar la rentabilidad de las explotaciones del sector primario son otros de los aspectos reflejados.
El dictamen recoge las singularidades de Canarias y la necesaria modernización de los regadíos para un uso más eficiente y sostenible del agua, así como el incremento de los fondos destinados a la investigación e innovación, un plan de acción a favor de las mujeres rurales y de la pesca, y una «transición justa» de la mano de la Política Agraria Común (PAC).
Sobre la PAC, los diputados se mostraron a favor de promover una reforma que garantice la triple sostenibilidad económica, social y medioambiental durante el periodo 2021-2027, y de implementar un plan estratégico nacional para después de 2020.
También se hace referencia a la «incorporación de la totalidad de los costes de producción en el precio», un «elemento mínimo a recoger en los contratos» que regulan las relaciones comerciales de la cadena alimentaria.
Fuente: © EFE 2020