ESMASA estudiará fórmulas para el blindaje de su carácter público; además de la incorporación de los representantes de los trabajadores al Consejo de Administración
La empresa ESMASA estudiará fórmulas para el blindaje de su carácter público; así como la incorporación de los representantes de los trabajadores al Consejo de Administración. De esta forma se libra un preacuerdo entre la empresa pública y el sindicato UGT. Tanto el Presidente de ESMASA, Jesús Santos Gimeno, como la sección sindical de la Unión General de los Trabajadores lo han respaldado.
En el documento se afirma que «se modificarán las normas de funcionamiento del Consejo de Administración». Esto consistirá en que una mayoría cualificada para que se realicen la toma de decisiones; tanto de venta de activos o como la externalización de negocios completos de la compañía». También se valora la incorporación al Consejo de Administración a representantes de los trabajadores.
ESMASA pretende iniciar los trabajos para reformar sus órganos de gobierno con las fórmulas citadas anteriormente; cuyo objetivo es modificar «las normas del gobierno corporativo». La finalidad con este cambio es reducir la incertidumbre en el futuro de la compañía «estabilizando el núcleo del negocio».
Jesús Santos afirma que están reforzando «el carácter público de ESMASA». De esta forma quieren garantizar la «viabilidad a largo plazo». Además incorporarán a los trabajadores a la hora de tomar decisiones y, según afirman, protegerán el patrimonio del municipio.
Los equipos jurídicos de ESMASA han comenzado a trabajar para encontrar la mejor fórmula legal para llevar a cabo estas modificaciones con la máxima garantía jurídica y democrática
Esto hará que la prestación de los servicios y la viabilidad de la empresa pública se la protegerá de coyunturas inesperadas. A la hora de dar certezas y perspectiva de futuro, afirman, es algo fundamental, tanto para los trabajadores como para la empresa en sí. Los equipos jurídicos de ESMASA han comenzado a trabajar para encontrar la mejor fórmula legal para llevar a cabo estas modificaciones con la máxima garantía jurídica y democrática. Para conseguirlo se fijarán en otras empresas públicas que ya tienen estos mecanismos, por ejemplo Rivamadrid.
En el preacuerdo se han recogido medidas como «un paso más en la consolidación de la empresa pública con la democratización de los órganos de gobierno de la compañía; articulando unas normas de gobierno que permitan contar con todos los agentes en la toma de decisiones”. Han advertido, además, que en consecuencia de su evolución, la empresa «se ha hecho más atractiva para el inversor privado». Por ello, creen que apostar por la participación de los trabajadores asegura «una estabilidad en la orientación hacia el bien común».
