FACUA denuncia a varios festivales de música por impedir la entrada con comida y bebida

Imagen de archivo de varias jóvenes en un festival de música. EFE/Domenech Castelló

Sevilla, 23 jun (EFE).- La asociación FACUA-Consumidores en Acción ha iniciado una batería de denuncias contra varias empresas organizadoras de festivales de música de toda España por impedir la entrada a los mismos con comida y bebida del exterior.

Según ha informado la asociación en una nota de prensa, los asistentes tienen derecho a introducir comidas y bebidas del exterior en estos eventos, dado que su actividad principal no es la hostelería, sino la celebración de espectáculos musicales.

«Esta prohibición para el acceso al recinto no es necesaria para la correcta consecución de su actividad», ha afirmado FACUA, que en 2022 denunció a una veintena de festivales por incurrir en esta práctica.

Ha precisado que ya ha presentado denuncias contra los promotores del O Son do Camiño de Santiago de Compostela -que terminó rectificando-, Pirata Beach Festival de Gandía, Interestelar de Sevilla, Icónica Fest de Sevilla, concierto de Antílopez en Sevilla, y el Boombastic, celebrado ya en Rivas-Vaciamadrid y en Gran Canaria, y en breve en Llanera, Fuengirola y Alicante.

La asociación ha invitado a los usuarios que tengan conocimiento de estas prácticas a que se lo hagan saber para que pueda valorar la interposición de la correspondiente denuncia ante las autoridades de Consumo.

También ha indicado que los consumidores pueden reclamar los perjuicios económicos que sufran por el sobreprecio que tengan que asumir al adquirir los alimentos en el recinto, por lo que aconseja guardar comprobantes de todas las consumiciones.

FACUA reclama a las administraciones competentes a nivel autonómico y local que desarrollen controles sobre los eventos que se celebran en su territorio y abran expedientes sacionadores a aquellos que incurran en esta práctica «abusiva».

Señala además que las multas impuestas deben ser proporcionales al aforo de los eventos para que «así no les salga más rentable pagar la correspondiente sanción que el beneficio que obtienen obligando a los asistentes a comprar alimentos en su interior».

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