La Junta de Gobierno local ha argumentado que existe un expediente de reversión sobre dicho espacio, el cual fue cedido a la Comunidad de Madrid mediante un convenio de colaboración

Este acuerdo ha sido notificado al Consejo de Gobierno de la Comunidad, solicitando también la paralización de las obras previstas «debido a la incoación por este Ayuntamiento de expediente de reversión del referido bien».

Fuenlabrada sostiene que las intenciones de la Comunidad de Madrid no solo incumplen el convenio de cesión del espacio, sino que también vulneran la normativa urbanística de la ciudad. El convenio incluía una cláusula de reversión que el Ayuntamiento ha aplicado para abrir un expediente que se espera concluir en las próximas semanas.

El Gobierno municipal ha señalado que el macrocentro proyectado por la Comunidad no solo incumple las normativas urbanísticas de Fuenlabrada y el convenio de cesión, sino que «va en contra de la propia ley regional de servicios sociales y de las recomendaciones del Consejo de Europa».

Además, el ejecutivo municipal ha subrayado que «nadie va a darle a Fuenlabrada lecciones sobre acogida e integración de personas migrantes y menos aún quienes tratan de atropellar a otras administraciones actuando desde la deslealtad y la prepotencia».

El Gobierno local de Fuenlabrada ha reiterado su disposición a dialogar en el marco de la Federación Madrileña de Municipios para encontrar soluciones conjuntas con la Comunidad de Madrid, con el fin de abordar de manera efectiva la llegada de personas migrantes.