Sevilla, 21 abr (EFE).- La organización ecologista Greenpece ha advertido de que las balsas de residuos mineros de Riotinto, en Huelva, pueden provocar un desastre medioambiental más grave que el que causó la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar (Sevilla), desastre del que se cumplirán 25 años el 25 de abril.
Greenpeace, que califica el vertido tóxico de Aznalcóllar que tuvo en jaque al Parque Nacional de Doñana como «uno de los peores desastres medioambientales de la historia en España», denuncia ahora «la alta probabilidad de que un incidente similar pueda ocurrir en las balsas de Minas de Riotinto».
La organización ecologista ha asegurado en un comunicado haber documentado filtraciones en las balsas de lodos mineros de Riotinto, que gestiona la empresa Atalaya Mining.
En Aznalcóllar, ha recordado Greenpece, la empresa multinacional sueca que gestionaba la mina, Boliden, confirmó la seguridad de la balsa donde, sólo cinco días después, se producía la rotura del dique Este de la balsa de la mina de los Frailes.
La brecha, de 50 metros de longitud por 30 de altura, dejó pasar el vertido de más de seis millones de metros cúbicos de lodos y aguas tóxicas al río Guadiamar poniendo en peligro el ecosistema de Doñana y desestabilizando el desarrollo de la economía agrícola y pesquera de la vega del Guadiamar y del estuario del Guadalquivir.
Greenpeace apunta que la Junta de Andalucía, «por acción u omisión, consintió en Aznalcóllar y permite ahora en Riotinto irregularidades que provocan este tipo de accidentes que dejan secuelas durante décadas».
Según Greenpeace, en Riotinto, la empresa Atalaya Mining, con el visto bueno de la Junta de Andalucía, pretende efectuar un nuevo recrecimiento de las presas de residuos mineros (hasta una cota de 417 metros sobre el nivel del mar) creando los mayores depósitos de estériles mineros de España, y la semana pasada salió la resolución de la autorización ambiental para el recrecimiento de la balsa.
En Riotinto las balsas de Gossan, Cobre y Aguzadera son un único conjunto que ocupa 595 hectáreas, con hasta 100 metros de profundidad y que acumulan unos 240 millones de toneladas de lodos tóxicos y, con la pretendida ampliación por parte de la empresa, alcanzarían los 400 millones de toneladas, o sea 30 veces el volumen de tóxicos vertidos en el desastre de Aznalcóllar, añade Greenpeace.