La inversión busca promover la integración social y la autonomía personal de menores con problemas emocionales y discapacidad intelectual, a través de nuevos centros especializados
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado una significativa inversión de 17 millones de euros en dos acuerdos destinados a la creación y mantenimiento de 93 plazas de acogimiento residencial para menores con trastornos de conducta o discapacidad intelectual. Estos fondos están diseñados para promover la integración social y la autonomía personal de los menores afectados.
El primer acuerdo, que cuenta con una inversión de 11,6 millones de euros, está dirigido a la gestión de 50 plazas en tres centros especializados. Estos centros atenderán a menores de entre 12 y 17 años que presentan conductas de alto riesgo social y trastornos emocionales graves. La intervención se estructurará en tres fases: acogida y adaptación, integración y preparación para la salida hacia otros centros o la vida autónoma.
Los servicios ofrecidos incluyen cuidado personal, asistencia educativa, terapéutica y social, así como actividades recreativas y talleres formativos, con el objetivo de ofrecer una atención integral y adaptada a las necesidades de cada menor.
El segundo acuerdo contempla una inversión de 5,3 millones de euros para la gestión de dos centros de acogimiento residencial destinados a menores con discapacidad intelectual moderada o severa. Con una vigencia de dos años, estos centros ofrecerán 43 plazas para niños de hasta 18 años, proporcionando alojamiento, atención y educación especializada. Este recurso está enfocado en fomentar la autonomía personal de los menores y apoyar su integración sociofamiliar mediante una intervención individualizada y centrada en cada niño.
Ambos acuerdos buscan ofrecer alternativas de apoyo cuando no es posible mantener a los menores en su entorno familiar, asegurando así su bienestar y desarrollo integral. La inversión en estos centros subraya el compromiso de la Comunidad de Madrid con la mejora de los servicios para la atención de menores en situaciones de vulnerabilidad, garantizando una respuesta adecuada a sus necesidades específicas y promoviendo su inclusión en la sociedad.
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