
La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio pondrá en marcha un sistema de lucha contra la ocupación ilegal de viviendas y de asesoramiento para la protección de los afectados que resuelva sus dudas a través de las delegaciones territoriales.
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de esta instrucción de la secretaría general de Vivienda, que amplía las atribuciones del actual sistema de información y asesoramiento integral en materia de desahucios (SAID), mecanismo que ofrece información personalizada para los sectores de población que corren riesgo de perder su vivienda habitual.
«Queremos que Andalucía sea una tierra libre de ocupas», ha dicho el portavoz del Ejecutivo regional, Elías Bendodo, a quien no le parece bien «eso de que entren en tu casa y la ocupen por la fuerza, ni que lo aliente el Gobierno de España», que es quien tiene la competencia en esta materia, ha recordado.
Para ello se ha elaborado una guía informativa con las herramientas legales disponibles para proteger a los propietarios, «a fin de clarificar las posibles casuísticas y facilitar la respuesta jurídica idónea, sin olvidar que la singularidad de cada caso será determinante».
A partir del 1 de enero entrarán en funcionamiento las «oficinas antiocupación», que ofrecerán un servicio gratuito en las delegaciones del Gobierno, y se elaborará una guía informativa con los pasos a dar en caso de verse afectado, además de crear un grupo de trabajo para el ámbito competencial de cada consejería.
Bendodo ha dicho que el número de ocupaciones ha crecido casi un 60 % en cinco años, con 38 denuncias diarias de media y 1.183 casos entre enero y junio de este año.
Las nuevas funciones se ejecutarán sin menoscabar las labores que se desarrollaban hasta ahora en materia de asesoramiento a las personas que se encuentren en riesgo de perder su vivienda por estar ante un desahucio inminente, por impago de hipoteca o del alquiler.
Además, el sistema andaluz de lucha contra la ocupación y de asesoramiento para la protección de la vivienda «no comportará gasto adicional alguno», ya que los servicios prestados por el mismo serán desempeñados por el mismo personal adscrito al antiguo SAID.
Fuente: © EFE 2020.