El Consejo de Ministros aprueba este martes el anteproyecto de ley trans y de derechos LGTBI, una norma que permitirá el cambio de sexo en el registro a partir de los 14 años sin necesidad de informe médico ni testigos y que ve la luz tras arduas negociaciones entre los socios de coalición
El Consejo de Ministros aprueba este martes el anteproyecto de ley trans y de derechos LGTBI, una norma que permitirá el cambio de sexo en el registro a partir de los 14 años sin necesidad de informe médico ni testigos y que ve la luz tras arduas negociaciones entre los socios de coalición.
El anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI llega finalmente en la semana del Orgullo LGTBI y supone, en palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, un nuevo paso histórico tras la aprobación hace dieciséis años de la ley del matrimonio homosexual.
Como planteaba ese Ministerio, se reconoce finalmente la autodeterminación de género y se podrá cambiar de sexo en el Registro con la sola declaración del interesado, que deberá confirmar su decisión tres meses después de presentar la primera solicitud.
La libre determinación del género era rechazada en un primer momento por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y ha abierto grietas en la izquierda y en los movimientos feministas, ya que un sector considera que el sexo es una realidad biológica inmutable y que la ley perjudicará a las mujeres y su lucha por la igualdad.
El pasado mayo el PSOE se abstuvo cuando llegó al pleno del Congreso una proposición de varios grupos de izquierdas regulando la libre determinación del género, que no siguió adelante al contar también con el rechazado del PP y de Vox.
El anteproyecto reconocerá el derecho al cambio de sexo a partir de los 14 años, dos más de lo que planteaba Igualdad en su primer borrador. Los niños de 12 y 13 años necesitarán autorización judicial para modificar la mención registral del sexo y cualquier menor podrá cambiar su nombre sin necesidad de informes.
La Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI establece un mecanismo para evitar el cambio continuo de sexo y, con ello, el fraude de ley: las personas que hayan cambiado la mención registral del sexo, para volver a hacerlo tendrán que obtener una autorización judicial.
El texto hará que en España se deje de considerar enfermas a las personas trans, permitirá la filiación de los hijos de las madres lesbianas y bisexuales sin necesidad de matrimonio y garantizará el acceso de lesbianas, bisexuales y trans a tratamientos de reproducción asistida.
Asimismo, el anteproyecto prohibirá las terapias de conversión a modificar la orientación, identidad o expresión sexual y las cirugías de modificación genital de bebés intersexuales y establecerá un régimen de infracciones y sanciones -de entre 200 y 150.000 euros) que invierte las reglas relativas a la carga de la prueba cuando se trate de discriminación al colectivo LGTBI.
El acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Podemos incluía la aprobación de una ley trans y de otra ley contra la discriminación de las personas LGTBI, pero finalmente se han juntado ambas iniciativas.
Las principales asociaciones LGTBI, aunque esperan introducir mejoras en el trámite parlamentario, se han felicitado por la aprobación del anteproyecto.
El próximo sábado saldrán a la calle en Madrid en la tradicional marcha del Orgullo con el lema: «Los derechos humanos no se negocian, se legislan: Ley integral trans ya».
Fuente: © EFE 2021