A la espera de que el Supremo emita sus informes sobre los indultos a los políticos condenados por el «procés», el asunto ha irrumpido en el debate público de forma simultánea al desencallamiento de la situación política en Cataluña y a los guiños desde Moncloa a la «concordia» y al «reencuentro».
Los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo -cuyos informes son preceptivos por ser el tribunal sentenciador- mantienen estos días reuniones con el objetivo de pronunciarse sobre la medida de gracia y de tratar de que sus dictámenes -uno por cada condenado- se aprueben por unanimidad.
La Fiscalía ya se opuso de forma tajante a los indultos totales o parciales y advirtió de que no podían usarse como «moneda política de cambio». Se da por hecho que el Supremo irá en la misma línea, dado que entre otras cuestiones tiene que analizar el arrepentimiento de los reos, en este caso inexistente.
Una vez emitidos sus informes, será el turno del Consejo de Ministros, dado que el informe del tribunal sentenciador, que a su vez incluye el de la Fiscalía, es preceptivo, pero no condiciona la decisión del Gobierno.
Desde Moncloa y desde Justicia se insiste en que hasta que no lleguen esos informes no hay nada que resolver y que, llegado ese punto, se actuará de acuerdo con la legalidad vigente y velando por «el interés público».
Pero los mensajes que acompañan a ese argumentario apuntan el sentido de la decisión, máxime cuando el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, afirma desde Bruselas que tendrá en cuenta valores constitucionales como los de la «concordia, el diálogo y el entendimiento», pero no la «venganza» ni la revancha.
Poco antes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz, María Jesús Montero, ha hablado de iniciar «la agenda del reencuentro» y de «estrechar lazos afectivos».
Los socios de investidura del PSOE son firmes defensores de los indultos, aunque tanto los afectados como la Generalitat de Cataluña insisten en reclamar la amnistía. No obstante, el recién investido presidente del Govern, Pere Aragonès, ha admitido: «Cualquier medida que ayude a aliviar el dolor de los presos políticos y de sus familias vamos a recibirla bien, será bienvenida».
La resolución, no obstante, no será inmediata aunque el Supremo se pronuncie en los próximos días, han indicado fuentes del Ejecutivo.
Lo que está claro es que, de ser concedidos, los indultos volverán al Tribunal Supremo, aunque por otra puerta, la de lo Contencioso-Administrativo, a la que compete revisar la legalidad de los acuerdos del Consejo de Ministros.
El PP, Ciudadanos y Vox ya han anunciado sus recursos si el Gobierno indulta a los presos del procés.
El propio Supremo ya advirtió en 2013 que «aún cuando el Gobierno puede decidir a quién perdona y a quién no y si perdona la totalidad o solo parte de la pena, e incluso imponer condiciones para la condonación, lo cierto es que lo que se puede perdonar, el contenido material del indulto, lo marca la Ley y este elemento reglado es el que abre la puerta al control de la jurisdicción».
Lo hizo al anular el indulto concedido al consejero delegado del Santander Alfredo Sáenz porque en aquel caso el Gobierno se extralimitó e incluyó en el perdón los antecedentes penales, algo que no está permitido por la ley.
Es decir, el Ejecutivo puede conceder un indulto aun sin arrepentimiento y con los informes en contra -aunque no es habitual-, pero no puede extralimitarse del poder que le confiere esa ley, que data de 1870 y periódicamente es objeto de polémica.
Fuente: © EFE 2021
