Los partidos políticos que concurrieron a las últimas elecciones generales, celebradas en noviembre de 2019, se gastaron 49 millones de euros en campaña electoral, de los que 38,3 millones procedían de aportaciones privadas y 21,5 millones de créditos bancarios
Los partidos políticos que concurrieron a las últimas elecciones generales, celebradas en noviembre de 2019, se gastaron 49 millones de euros en campaña electoral, de los que 38,3 millones procedían de aportaciones privadas y 21,5 millones de créditos bancarios.
Según el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas correspondiente a las contabilidades electorales presentadas por 22 partidos políticos con motivo de los comicios generales del 10 de noviembre de 2019, el PP fue la formación con un gasto electoral mayor, 12,4 millones de euros, seguido del PSOE, con un importe de 10,6 millones de euros.
Ciudadanos también justificó un gasto electoral ante el Tribunal de Cuentas de 10 millones de euros, mientras que el de Unidas Podemos sumó 5,7 millones.
Por su parte, Vox tuvo un gasto cercano a los 2,68 millones de euros, toda vez que el Tribunal de Cuentas le propuso una reducción de subvención electoral de 72.600 euros.
Del importe de 49 millones de gastos regulares justificados por los partidos, 23,6 corresponden a operaciones electorales ordinarias y 25,3 millones a envío de propaganda electoral.
El PP gastó en envíos de propaganda electoral cerca de 6,1 millones de euros, seguido de Ciudadanos con 6,6 millones de euros, el PSOE con un gasto de 4,9 millones en propaganda, y Unidas Podemos con 3 millones de euros.
Asimismo, el Tribunal de Cuentas señala ciertas irregularidades en los gastos por un importe total de 531.911 millones de euros.
«Se ha observado que gastos por importe de 531.911 euros no tienen naturaleza electoral», señala el texto del informe, que puntualiza que de ellos 381.706 euros se refieren a gastos no permitidos por la ley electoral (Loreg), 5.782 euros a gastos realizados fuera de plazo y 11.645 euros a gastos con justificación insuficiente.
Estos gastos no han sido admitidos como susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales, incide el Tribunal de Cuentas, que añade que se han identificado gastos electorales de cuyo pago no se tiene constancia en una formación política, por 4.946 euros.
En cuatro formaciones políticas se han abonado gastos electorales a través de cuentas no electorales, por un importe conjunto de 10.591 euros, mientras que en siete partidos se han realizado pagos, por un importe acumulado de 1.151.497 euros, con posterioridad a los noventa días siguientes al de la votación.
En este sentido, el Tribunal de Cuentas recomienda que para cada proceso electoral se abran cuentas electorales diferentes de las utilizadas en los procesos electorales anteriores y de las que operan habitualmente los partidos.
Por otra parte, de los 49 millones de recursos que declararon las formaciones como gasto electoral para poder acceder a las subvenciones, 13,56 millones procedían de adelantos de subvenciones electorales; y 13,86 millones de aportaciones realizadas por los respectivos partidos.
Ninguna formación política ha superado el límite máximo de gastos que se regula en la Loreg, ni los límites relativos a los gastos de publicidad exterior y de publicidad en prensa y radio, respectivamente.
Por otra parte, cinco formaciones políticas acumularon deudas por un total de 765.665 euros pendientes de pago con proveedores o acreedores una vez superado el límite temporal para disponer de los saldos de las cuentas corrientes electorales.
El Tribunal de Cuentas, en sus recomendaciones, insiste en que el Gobierno debería evaluar la eficiencia material y económica de las fórmulas actuales de envío directo y personal de sobres y papeletas o de propaganda electoral, así como diseñar e implantar otros soportes que permitan la reducción de fondos públicos.
También especificar, en mayor medida, las categorías de los gastos y vincular el límite máximo de gastos electorales que establece la ley con el número de electores más que con el número de habitantes de cada circunscripción.
Reitera la necesidad de valorar la oportunidad de regular las nuevas fórmulas de financiación a través de operaciones de endeudamiento por concesión de microcréditos.
A los partidos políticos les recomienda que indiquen a las empresas que les hayan facturado un importe superior a 10.000 euros por operaciones de campaña electoral que aporten al Tribunal de Cuentas la información que deben facilitarle dentro del plazo.
Fuente: © EFE 2021
