La Comunidad de Madrid ha abierto el plazo de consulta pública del Anteproyecto de Ley de mercado abierto, con el que regulará el acceso de los operadores económicos de todo España en el territorio regional «dentro de los principios de unidad de mercado, calidad regulatoria y economía abierta».
Entre este martes y el 17 de enero próximo estará abierto el plazo de consulta pública y para la realización de aportaciones al anteproyecto, que -dice la Comunidad en una nota- «pretende ofrecer unos principios básicos para la libertad económica en la región», entre ellos la no discriminación, la necesidad, la proporcionalidad y la eficacia.
Entre las «soluciones alternativas» que estima Madrid figuran el impulso de una “ley ómnibus”, destinada a modificar «las leyes y los reglamentos incompatibles con los principios del Anteproyecto de Ley de mercado abierto y anteriormente establecidos por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado».
También menciona la posibilidad de impulsar «procesos de armonización normativa» con otras comunidades autónomas en los casos en que no se cumplan los principios de necesidad y proporcionalidad de acuerdo a los criterios del Consejo para la Unidad de Mercado y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Según la Comunidad, el desarrollo económico debe ser impulsado por las empresas y los profesionales como manera de solucionar problemas como la fragmentación de la unidad de mercado, el exceso de regulación sobre los operadores económicos y las cargas administrativas.
«La actividad económica necesita un entorno institucional que permita incentivar la cultura emprendedora y abierta a todos los operadores económicos que, tanto en los mercados de bienes como de servicios, cumplen sus respectivas normativas en cualquier lugar del territorio nacional», dice la nota.
La futura normativa madrileña prevé «un marco regulatorio eficiente para las actividades económicas que simplifique la legislación existente, elimine las regulaciones innecesarias, establezca procedimientos más ágiles y minimice las cargas administrativas».
Todo esto, añade, «en un entorno socioeconómico en que todas las empresas y profesionales de todas las Comunidades Autónomas puedan ejercer con libertad su actividad en el territorio de la Comunidad de Madrid, desde un enfoque basado en la unidad de mercado y la calidad regulatoria».
La normativa pretende «renovar y reinterpretar» los objetivos originales de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, desde el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, haciéndolo compatible con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Según la Comunidad, en la lucha contra las recesiones económicas «y para el desarrollo que posibilite la financiación de los servicios públicos» urge reactivar todo el potencial emprendedor de la región.
Para ello es «imprescindible» poner en valor el papel de los principales operadores económicos, empresas y profesionales, «para que puedan desarrollar su actividad con la mayor libertad posible, sin menoscabo de la protección del interés público por parte de las Administraciones Públicas».
En este sentido, Madrid reducirá los trámites administrativos mediante la simplificación de la burocracia, el incremento de la competencia y la apertura de la economía «a todos los que deseen ejercer su actividad en nuestro entorno socioeconómico con libertad y dinamismo».
La Comunidad de Madrid dice que le compete el fomento del desarrollo económico dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional, conforme al artículo 26.1.17 de su Estatuto de Autonomía.
Fuente: © EFE 2020.
