Ciudad de Guatemala, 14 mar (EFE).- Los magistrados del tribunal electoral de Guatemala se pusieron este jueves a disposición de la Justicia del país centroamericano por un supuesto caso de corrupción en la compra de un sistema de cómputo para los comicios de 2023.
Se trata de cuatro de los cinco magistrados que componen el Tribunal Supremo Electoral, quienes se encontraban fuera del país desde diciembre pasado tras las elecciones de 2023, ganadas por el ahora presidente, Bernardo Arévalo de León.
Los magistrados que se han presentado este jueves ante el juzgado duodécimo penal del Organismo Judicial guatemalteco son Gabriel Aguilera, Ranulfo Rojas, Mynor Franco e Irma Palencia.
Los cuatro magistrados conforman el Tribunal Supremo Electoral junto a la presidenta del organismo, Blanca Alfaro, quien también se presentó ante el juzgado en solidaridad con sus compañeros, aunque no se encuentra acusada en el caso.
Rojas, Aguilera, Franco y Palencia, expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, quedaron sin inmunidad en noviembre por decisión del Congreso, para poder ser investigados por la supuesta compra ilegal de un equipo de cómputo de datos no oficiales, utilizado en los comicios celebrados el año pasado.
La acusación en contra de los magistrados es por abuso de autoridad, fraude e incumplimiento de deberes, por una investigación del Ministerio Público (Fiscalía) luego de la denuncia de dos abogados y activistas de extrema derecha.
A los magistrados se les acusó después de que la Fiscalía intentó, sin éxito, modificar los resultados electorales de los comicios de 2023 ganados sorpresivamente por Arévalo de León.
La Fiscalía ha asegurado que existen «irregularidades» en la compra de un sistema de transmisión de resultados electorales que funcionó en los comicios generales del 25 de junio y en el balotaje del 20 de agosto.
En diciembre pasado, la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, buscó la anulación de las elecciones de 2023 argumentando irregularidades en el actuar del Tribunal Supremo Electoral.
Por el momento, los magistrados aún no han sido atendidos por el juez, a la espera de que se dicte si quedan vinculados al proceso judicial por la supuesta compra anómala del sistema de cómputo.
