Madrid, 24 oct (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha considerado «tremendamente grave» y «absolutamente injustificable» que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, hable de un Estado policial porque «no le gusten» las investigaciones judiciales a su pareja, Alberto González Amador.
«Es tremendamente grave que la presidenta de la Comunidad de Madrid hable en esos términos de las actuaciones de la Justicia o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado», ha subrayado en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en la jornada Metafuturo.
Montero ha rechazado que pueda hablarse de Estado policial en una democracia plena como la española, y ha cargado contra el PP por ver «perfectamente justificados» los autos judiciales que le gustan y «atacar» al Poder Judicial, a la policía y a la Guardia Civil cuando no les gustan.
La también ministra de Hacienda, que este miércoles auguró que en los próximos días se publicarían más informaciones sobre la pareja de Ayuso, ha asegurado que no sabe qué puede salir en los medios de comunicación, pero que lo que ya se conoce pone de manifiesto «hechos muy graves», «un ‘modus operandi’, una manera de entender la vida, los negocios y la empresa» por parte de González Amador.
«Una persona -ha continuado- que se enriqueció durante la pandemia con la venta de material sanitario, intentó defraudar a la Hacienda pública, según los delitos que se habían confesado, y ahora parece que puede haber supuestamente indicios de que haya hecho otro tipo de cuestiones, como corrupción en el ámbito de los negocios».
Ante la petición de dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, formulada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al considerar imposible que el exministro José Luis Ábalos actuara sin su conocimiento, ha recordado que no hay ningún auto ni prueba que lo sustente, y le ha acusado de generar solo «fango, falsas noticias y ruido en su estrategia de acoso y derribo al Gobierno».
Preguntada por la relación entre Sánchez y el presunto comisionista de la trama, Víctor de Aldama, ha denunciado «un intento absolutamente ‘fake’ de implicar al jefe del Ejecutivo en cuestiones que nada tienen que ver ni con su trabajo ni con su desarrollo profesional».
Montero ha reiterado que el Gobierno conoció la presunta corrupción del caso Koldo a raíz de las investigaciones que publicaron los medios y que en cuestión de «cinco días» pidieron a Ábalos el acta de diputado.
«El problema de la corrupción es cómo se le enfrenta, y nosotros la enfrentamos con determinación, con transparencia; el PP la esconde, la tapa y la consiente», ha recalcado.
