El municipio madrileño se ha adherido al Pacto Social por el agua pública y a las iniciativas Progrifo y Blue Community. Para ello, el Pleno aprobó en la tarde de ayer una declaración institucional con el objetivo de asumir con carácter permanente una serie de principios que reconocen el agua como un derecho
El derecho al agua es un derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos independientemente de su capacidad económica. Y por tanto, según se cita en la declaración «no se puede privar de un derecho básico como el agua a ninguna persona por un afán mercantilista y una política basada exclusivamente en obtener más beneficios. El agua no es un producto de mercado y su destino último no puede ser obtener beneficios.»
En este sentido, el Pleno de Móstoles se hace eco del un nuevo modelo que viene recogido en el Pacto Social del Agua. Entre sus objetivos se encuentran la prohibición de los cortes de suministro -asegurando un mínimo de entre 60 y 100 litros por persona y día en caso de impago justificado-, eliminar la participación de la empresa privada, garantizar tarifas sostenibles, asegurar que el dinero del agua se reinvierta solo en este ámbito, aumentar el control social sobre los recursos, el respeto al medio ambiente o que la gestión del suministro también sea un elemento de creación de empleo.
El acuerdo conlleva, a su vez, el compromiso de mantener y ampliar la red de fuentes de agua potable, promover la participación en cooperaciones internacionales en materia de agua y saneamiento, así como a colaborar y coordinarse con las entidades promotoras de estas iniciativas para su ejecución y puesta en marcha al objeto de garantizar el derecho humano al agua.
