La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, dirigida por Migdalia Machín, ha presentado aportaciones a la consulta pública previa sobre la reforma de la normativa universitaria estatal. La propuesta canaria incide en dos cuestiones clave: el respeto a las competencias autonómicas en materia de educación superior y la necesidad de que la regulación contemple las particularidades de la insularidad.
Requisitos proporcionados para nuevos proyectos
Según comunicó el Gobierno de Canarias, Machín reclama que cualquier nueva regulación universitaria establezca requisitos proporcionados para los nuevos proyectos académicos. La Consejería advierte de que estos requisitos no sean tan exigentes que limiten la capacidad de las instituciones educativas locales para innovar y adaptar su oferta formativa.
Advertencia sobre criterios uniformes de estudiantes
Una de las preocupaciones principales del Ejecutivo canario es que un mínimo uniforme de estudiantes puede perjudicar especialmente a los territorios menos poblados, como es el caso de las islas. Machín subraya que una regulación única sin flexibilidad territorial podría afectar negativamente a la viabilidad de programas educativos en Canarias, donde la dispersión geográfica y demográfica presenta desafíos específicos respecto a territorios continentales más densamente poblados.
Defensa de la autonomía competencial
El Gobierno de Canarias enfatiza, en su intervención ante la consulta pública estatal, la importancia de que la futura regulación reconozca y respete las competencias que las comunidades autónomas poseen en materia de universidades y educación superior. La aportación canaria pretende garantizar que la reforma no menoscabe la capacidad de la administración autonómica para gestionar su sistema universitario de acuerdo con las necesidades y características específicas del archipiélago.
Fuente: Yira Arredondo Ballesteros
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