Madrid, 28 feb (EFE).- Varias decenas de bomberos forestales se han concentrado esta mañana frente a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para reivindicar el incumplimiento de los plazos y la falta de transparencia del Gobierno en la aprobación de un estatuto que dote a los trabajadores del sector de una normativa básica en toda España.
Antes del anuncio de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, sobre la remisión al Congreso de los dos anteproyectos de ley de bomberos y agentes forestales, portavoces de los agentes sociales UGT y CC.OO. han mostrado su malestar con el ministerio por la demora en los tiempos fijados, los cuales establecían que, para enero de 2023, la segunda vuelta del anteproyecto de ley debía trasladarse al Consejo de Ministros para que fuera refrendado en febrero en el Congreso.
El representante del sindicato del cuerpo de bomberos forestales de UGT, Ángel Rubio, ha denunciado que el Gobierno «ha vulnerado el compromiso que adquirió» y ahora prevé que, dado el cauce por el que discurren otras normativas legislativas, «va a ser imposible llegar a verano con una regulación oficial que homogeneice al personal en España».
Actualmente, Rubio manifiesta que, debido al trasvase de competencias a las comunidades autónomas, en España hay una variedad de 17 dispositivos nacionales que lacran al colectivo por la precariedad que conlleva, con autonomías que trabajan los doces meses del año y otras que únicamente lo hacen en el periodo canicular; generalmente, durante un trimestre.
«Esto propicia unas tasas de temporalidad dentro de la plantilla de hasta el 70 % en Castilla y León, de un 35 % en la Comunidad de Madrid, de un 30 % en Aragón o de un 25 % en Andalucía», explica el portavoz del sindicato.
Ha reclamado condiciones laborales dignas en una profesión que, según los «tétricos datos del 2022», ha hecho frente a «268.000 hectáreas calcinadas», ha evacuado a «más de 3.000 poblaciones», y ha lamentado «cuatro fallecidos y más de un centenar de heridos».
En su valoración del anteproyecto de ley, señala que desde que se publicó el primer texto el pasado 22 de noviembre no han recibido ninguna actualización ni ningún tipo de comunicación de la Administración Pública, por lo que desconoce qué tipo de documento se va a rubricar, cuáles han sido las aportaciones derivadas de la consulta pública, o las opiniones emitidas de las comunidades autónomas, cuando lo que está en juego es el futuro de alrededor de 25.000 trabajadores de prevención, detección y extinción de incendios y contingencia en el medio natural y rural.
El responsable de bomberos forestales de CC.OO., Carlos Martín, ha demandado el respeto que no se les ha prestado porque, ante la petición de explicaciones del porqué del retraso en la ejecución de la normativa, el Gobierno «ha mantenido su silencio durante más de un mes y no ha aclarado sus requerimientos ni dudas».
Martín ha celebrado la «aparente aprobación regulatoria en el Consejo de Ministros», pero, dado el escaso plazo restante de legislatura, urge a los grupos políticos a hacer «un esfuerzo para crear una ley que cambie la realidad de la prevención, detección y extinción de incendios forestales, y que incluya un real decreto de cualificaciones profesionales que no recogía el borrador y que es fundamental porque determina las competencias profesionales y laborales del sector».
