San Salvador, 26 mar (EFE).- Organizaciones de derechos humanos de El Salvador han registrado entre marzo de 2022 y febrero pasado cerca de 7.000 víctimas de violaciones a derechos, principalmente por detenciones arbitrarias, en el contexto de la implementación de un régimen de excepción para «combatir» a las pandillas, según denunciaron este miércoles representantes de las ONG.
El Salvador cumple este jueves tres años con la suspensión de garantías constitucionales, como la defensa de los detenidos y la inviolabilidad de las telecomunicaciones, bajo dicho régimen, por medio del cual se han detenido a más de 85.000 supuestos pandilleros y colaboradores de estas bandas.
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De acuerdo con los datos, recopilados por siete organizaciones de derechos humanos, desde el 27 de marzo de 2022 hasta al 28 de febrero de 2025 se registraron 6.889 víctimas de violaciones de los derechos humanos bajo el régimen de excepción.
La directora del Idhuca aseguró que «las miles de personas detenidas no son terroristas, como lo señala constantemente el Estado, sino que también miles de ellas son víctimas que han sufrido malos tratos, torturas, condiciones inhumanas cuando se les detiene».
La mayoría de las víctimas, según el informe de las ONG, son hombres en un 83,03 % (5.720) del total de las denuncias, un 16,11 % mujeres y un porcentaje menor del 1 % se trata de mujeres y hombres trans.
Son 3.583 denuncias de personas de 19 a 30 años, seguido de 2.434 casos de personas entre 31 y 59 años.
«Vemos como el énfasis del régimen de excepción está puesto en personas jóvenes», dijo Santos, que además apuntó a que se registran casos de personas de entre 13 y 18 años que han sido detenidas.
La detención arbitraria es el hecho violatorio que lidera las denuncias (98 %) y la autoridad a la que más se acusa de posibles capturas ilegales es a la Policía Nacional con el 75 % de las denuncias (5.158 casos).
El régimen de excepción ha sido prorrogado en 36 ocasiones por períodos de 30 días y cumplirá tres años de su implementación en medio de polémicas por supuestamente violentar derechos humanos.
La medida extraordinaria se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele y las bandas criminales.
Este régimen se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Bukele su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.
