Los litigios de arrendamiento tienen una duración media menor a los 40 días hábiles y un coste de una mensualidad de renta
La Comunidad de Madrid ha incorporado a dos nuevos despachos de abogados al Protocolo de actuación que mantiene vigente para el fomento y difusión del Arbitraje en materia de Vivienda y arrendamiento de fincas urbanas.
Esta semana el Gobierno regional ha suscrito acuerdos de colaboración con las firmas Monereo Meyer Abogados SLP y Ramón Hermosilla Abogados SLP, con lo que ya son nueve los despachos y representantes incorporados hasta el momento, entre los que destacan Sareb y los despachos Gabinete Legal, Lawyers and Arbitrators ML, Andersen Tax and Legal, Delegaltessen, Maio Legal, Simmons and Simmons, Velez-Urbina, Ejaso ETL Global. Todos ellos se han comprometido a seguir ofreciendo la fórmula del arbitraje a sus clientes como forma plenamente válida para la resolución de conflictos.
Con la incorporación de los nuevos colaboradores, se pretende continuar con la labor de difusión y fomento del arbitraje doméstico en aquellos ámbitos cotidianos donde el arbitraje es un método de resolución de conflictos, caracterizado no sólo por su confidencialidad y eficacia, sino también por la eficiencia y rapidez, constituyéndose como una auténtica alternativa a la vía judicial.
El Consejo Arbitral para el Alquiler es un órgano colegiado de carácter técnico y consultivo adscrito a la Consejería de Vivienda y Administración Local cuyo objetivo es otorgar las mayores garantías y velar por los derechos de propietarios e inquilinos en los arrendamientos urbanos.
Casi 1000 laudos arbitrales resueltos satisfactoriamente
Se trata de un sistema pionero en España y tiene entre sus miembros a juristas de reconocido prestigio. Cuenta en la actualidad con 90 árbitros, que se han ido incorporando a la mediación fruto de los convenios de colaboración firmados con instituciones profesionales y arbitrales, como los colegios de notarios, registradores, abogados y procuradores o los agentes de la propiedad inmobiliaria.
El Consejo Arbitral también ofrece a los litigantes un procedimiento sencillo y una cercanía entre las partes y el árbitro en la búsqueda de una buena solución que evite el recurso a la solución judicial. De hecho, el cumplimiento de los laudos que dicta el Consejo es mayoritariamente voluntario, y solo en casos muy contados se llega a la ejecución judicial.
La Comunidad de Madrid lleva a cabo una importante promoción de este sistema para la resolución de conflictos en el alquiler de viviendas, del que ya se han resuelto de forma satisfactoria y con mucha mayor agilidad cerca de 1.000 conflictos. El procedimiento arbitral tiene una duración media de tramitación que no supera los 40 días hábiles, y el coste es una mensualidad de renta.
