La Comunidad de Madrid aprobó en la reunión del Consejo de Gobierno celebrado esta semana la inversión de 3.530.920,80 euros para los tres centros regionales de Apoyo y Encuentro Familiar (CAEF), donde las familias en situación vulnerable pueden recibir orientación, apoyo, asesoría jurídica o psicológica.
Se trata del CAEF Majadahonda-Las Rozas, el CAEF Alcorcón-Móstoles y el CAEF Mariam Suárez de Madrid, que atienden cada año a más de 3.000 familias y que solo en 2019 prestaron ayuda a 3.558 familias en situaciones de dificultad o conflicto. Les ofrecen sus servicios de información, orientación y asesoramiento psicológico mediante un equipo de psicólogos profesionales expertos en intervención y orientación familiar, y ayudan a los menores a mantener relaciones personales con el progenitor con el que no conviven o con otros familiares.
Estos centros ofrecen también el servicio de mediación familiar, con el objeto de ayudar a las familias a dialogar y facilitar la gestión de sus conflictos, culminando con la redacción de un acuerdo de mediación en casos de separaciones, divorcios, herencias, reparto de los cuidados de una persona dependiente o conflictos intergeneracionales. Asimismo, cuentan con el punto de encuentro familiar, que sirve para el cumplimiento del régimen de visitas que se hayan establecido a través de una resolución judicial o administrativa.
Otros servicios de los CAEF son el asesoramiento jurídico sobre cuestiones que puedan plantearse en el marco de la vida familiar y la coordinación de la parentalidad cuando el grado de conflictividad impide o dificulta gravemente el desarrollo de las funciones parentales.
Estos tres centros también organizan Escuelas de familias, donde se ofrece un contenido pedagógico y preventivo a grupos de familias que pueden comentar su situación y encontrar alivio a la misma mediante el trabajo entre iguales, dirigido por técnicos expertos que asimismo les ofrecen formación y pautas de conducta en el entorno familiar.
La aportación designada por el Gobierno regional corresponde al nuevo contrato de servicios de estos centros, que se celebrará por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios y tendrá un plazo de ejecución de dos años, terminando el 30 de junio de 2022. Entre los criterios se incluirán los económicos, el proyecto técnico y de gestión del centro, la evaluación de los servicios ofrecidos y otros criterios cualitativos como la formación impartida a los profesionales o la organización de la Escuela de Familia.
