El evento del acceso a la alimentación, que tuvo lugar el 7 de noviembre, dentro del marco del Foro Mundial de Violencias Urbanas, se desarrolló de la mano de representantes de diferentes instituciones y movimientos sociales que, desde sus ámbitos respectivos de actuación, han reflexionado y actuado para garantizar el acceso a este derecho.
El reconocimiento del derecho a la alimentación se remonta a la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDDHH ) de 1948, que proclamó que «toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación…».
Casi 20 años después, en 1996, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales elaboró estos conceptos más plenamente, haciendo significativo «el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso la alimentación…», y especificando «el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre».
Han pasado 70 años de la aprobación de la DUDDHH y este derecho sigue siendo sistemáticamente vulnerado en muchas latitudes del planeta. Se estima que 795 millones de personas sufrían de desnutrición crónica en 2014, a menudo como consecuencia directa de la degradación ambiental, la sequía y la pérdida de biodiversidad. Más de 90 millones de niños menores de cinco años tienen un peso peligrosamente bajo y una de cada cuatro personas pasa hambre en África.
Además, según el 8º Informe sobre el Estado de la Pobreza 2018 de España elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social, en el año 2017, el 20,6% de la población madrileña vivía en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Este dato contrasta con el hecho de que un tercio de los alimentos se desperdicia a lo largo de la cadena alimentaria, lo que obliga a un urgente cambio de sistema alimentario.
