Madrid, 8 mar (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes, Félix Bolaños, ha negado este viernes que la amnistía esté hecha a la medida del expresidente catalán Carles Puigdmont al afirmar que es «una ley general» que pretende amnistiar los delitos que se cometieron durante el procés.
En una entrevista en la Cadena Ser, Bolaños ha restado importancia a las declaraciones de Puigdemont, realizadas tras la aprobación en el Congreso de la ley de amnistía, en las que apostaba por negociar ahora «pieza a pieza» con el Gobierno desde los presupuestos hasta la autodeterminación.
Sobre este asunto, ha recordado que los partidos independentistas continúan siendo independentistas y que «nadie puede aspirar a otra cosa», pero ha incidido en las bondades de las medidas que están tomando al asegurar que cuando llegaron al Gobierno el porcentaje de catalanes que quería un estado independiente se acercaba al 50% y ahora está por debajo del 10%.
El ministro ha defendido que la amnistía es un «paso coherente» después de los indultos, que también fue una decisión «valiente y decisiva» para garantizar la convivencia en Cataluña, ha dicho, a la vez que se ha mostrado convencido de que con el tiempo las dudas sobre su conveniencia se irán disipando.
Preguntado por la vuelva de Puigdemont a España, ha señalado que lo podrá hacer cuando se apruebe definitivamente la ley de amnistía, que calcula podría ser en la segunda quincena de mayo.
A partir de ahí, «como cualquier otro beneficiario por la ley, podrá solicitar a los jueces que se le aplique la ley de amnistía para eximirle de sus responsabilidades penales», ha apuntado.
Y sobre si tiene garantías de que los partidos independentistas apoyarán los presupuestos, ha explicado que no hay ningún acuerdo cerrado pero que sí existe una «voluntad» por parte de Junts y ERC de respaldar las cuentas y de que haya legislatura.
Sobre la amenaza del PP de romper las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha dicho que la situación de la justicia es «muy preocupante» y que «ya no admite más excusas».
«El bloqueo del CPGJ está suponiendo un deterioro en el funcionamiento normal de la justicia y nos está costando mucho dinero a todos los españoles», ha advertido.
