Madrid, 25 mar (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la impugnación ante el Tribunal Constitucional (TC) de la modificación legislativa de la Comunidad de Madrid para no declarar la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, como lugar de memoria democrática.
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El Gobierno y la Comunidad de Madrid mantienen un enconado enfrentamiento sobre este particular, toda vez que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, entiende que el objetivo del Ejecutivo es reducir la historia de la Real Casa de Correos «a un pasado tenebroso», con el «fin espurio» de «dinamitar la Transición».
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha explicado que el Gobierno incoó en octubre del año pasado el expediente para declarar lugar de memoria la Dirección General de Seguridad «franquista» Casa de Correos, por considerar que fue «un centro de represión, de torturas e incluso de muerte» durante la dictadura.
La Comunidad de Madrid respondió a este expediente, según ha recordado, con un requerimiento que fue analizado por el Consejo de Ministros, que entendió que no procedía, y a la vez el Gobierno de Ayuso hizo una modificación legislativa para añadir tres artículos a una ley de diciembre del año 2024.
El Consejo de Ministros ha decidido hoy elevar al TC un recurso porque entienden que esos tres artículos que se añaden «están fuera de la Constitución» al señalar que los lugares de memoria que sean de la Comunidad de Madrid se tienen que acordar con el Gobierno regional.
También sostienen esos artículos que «no se puede colocar una placa si no es autorizado por el propietario del inmueble» que, en este caso, es la Comunidad de Madrid, así como que los actos de memoria «tienen que hacerse en consenso» con el Ejecutivo autonómico.
Al respecto, Torres ha afirmado que la Ley de Memoria Democrática es «contundente y clara», al indicar que «se puede declarar lugares de memoria independientemente de quién es el propietario de ese inmueble».
Ha recordado también que hay jurisprudencia del propio TC que dice que las leyes autonómicas no pueden ir en contra de lo que es una ley superior que establece homogeneidad para el conjunto del territorio de España.
«La historia no se puede reescribir y está ahí. Eso fue un centro de tortura: fue la Dirección General de Seguridad durante los años de la dictadura», ha subrayado el ministro.
