Sanlúcar la Mayor (Sevilla), 20 feb (EFE).- Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, nieto de la duquesa de Alba, ha declarado este jueves que inició la regularización de los pozos investigados en una finca de su familia a raíz de la denuncia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que motivó luego la causa judicial.
Martínez de Irujo ha comparecido esta mañana, en calidad de investigado y como representante legal de la sociedad Eurotécnica Agraria, ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) por supuestas extracciones de agua no autorizadas en la finca Aljobar del municipio de Aznalcázar, ubicada en el entorno de Doñana.
Fuentes del caso han informado a EFE de que durante su declaración ha explicado que accedió a la gestión de la finca en 2016, como parte de una herencia de su abuela, pero que no estaba en el funcionamiento diario de esta explotación agraria.
Cuando llegó, han precisado las fuentes, se estaba finalizando una balsa para el riego que se abastecía de distintos pozos, según entendía él de acuerdo a lo permitido.
Sería a raíz de una denuncia en 2023 de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) cuando se inició la regularización de los pozos, a pesar de que este organismo de cuenca ya había estado con anterioridad en la finca y, según su declaración, no habría manifestado nada sobre estos.
Según las fuentes, al término de su declaración, en la que no ha respondido a las preguntas de la acusación que ejerce Ecologistas en Acción, ha preguntado al juez si el edificio judicial contaba con otra entrada, pero este le ha respondido que debía salir por el acceso principal.
Aunque Martínez de Irujo ha abandonado el edificio judicial por la puerta principal, lo ha hecho flanqueado por sus abogados y ha subido rápidamente a un vehículo que lo esperaba, por lo que ha logrado esquivar a los numerosos medios de comunicación que se encontraban en el entorno.
La comparecencia del nieto de la duquesa de Alba se ha producido pocos días después de que el juzgado que lleva la causa ampliara las medidas cautelares y precintara un noveno pozo de la finca investigada, que se sumó a los ocho ya investigados tras un informe del equipo del Seprona de la Guardia Civil.
Dicho informe señaló que había retirado los elementos de extracción de agua de ocho pozos y los había precintado, aunque advertía de la existencia de un noveno pozo no autorizado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
En un informe pericial, según recogía el mismo auto en el que se citó a Martínez de Irujo, se concretaban e individualizaban posibles «daños sustanciales» al medioambiente en extracciones «ilegales» de agua a un acuífero y su entorno natural asociado.
Pozos 'no autorizados'
El informe técnico de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil estimó los metros cúbicos que habrían sido extraídos por medio de pozos no autorizados teniendo en cuenta un periodo de tiempo desde 2014 a 2024, la cantidad de metros cúbicos necesarios para el cultivo de la superficie y el volumen sí autorizado por la Confederación para el riego.
«Se está ante un acuífero (…) conectado hidráulicamente con el acuífero Almonte-Marismas y el río Guadiamar, que a su vez nutren al Parque Nacional de Doñana, cuyas aguas subterráneas y marismas son las responsables de la reserva ecológica tan importante que constituye ese Parque Natural, cuyo deterioro en los últimos años es un hecho notorio indiscutible», indicaba el auto.
