Esta medida, según los argumentos presentados, implicaría aumentos en los recibos del agua para vecinos, industrias y el propio Ayuntamiento
El pleno municipal del Ayuntamiento aprobó ayer la moción presentada por el equipo de gobierno (PP y Vox), con el voto en contra del grupo municipal socialista, solicitando la derogación del nuevo canon del agua creado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, argumentando que este podría ocasionar incrementos en los recibos del agua para los vecinos, las industrias y el propio Ayuntamiento.
Además, se aprobó por unanimidad la asignación de crédito suficiente para financiar el Convenio con la UCLM para la “Ampliación del estudio para cartografía, análisis, diagnóstico y plan de acción en cuevas de Tomelloso”, en los ejercicios presupuestarios de 2025 y 2026.
En la moción relativa al canon del agua, tanto el equipo de gobierno (PP y Vox) como la oposición (PSOE) expresaron sus discrepancias. Los primeros criticaron la decisión del gobierno regional de crear un nuevo impuesto para aplicar la Directiva Marco del Agua (DMA) de la CEE (2000/60), argumentando que esta medida no es obligatoria según la directiva europea y que ya se había suspendido en 2022. También cuestionaron que los Ayuntamientos deban gestionar este tributo, trasladando su coste a los ciudadanos y al propio Consistorio.
La moción aprobada por el pleno solicita a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Macha que tomen medidas para derogar este canon y pide al gobierno regional que modifique el proyecto de Ley de Acompañamiento de los presupuestos generales de la Junta de Comunidades para 2024 en relación con este asunto.
El equipo de gobierno sostiene que ya existen otros dos tributos en la Comunidad Autónoma para recuperar los costes de los servicios relacionados con el agua y que este nuevo canon aumentará la carga fiscal para los ciudadanos de Castilla-La Mancha.
El portavoz del PSOE, Francisco José Barato, defendió que este impuesto es necesario para cumplir con una directiva europea y que la mayoría de las Comunidades Autónomas ya lo han implementado. También señaló que las circunstancias económicas actuales permiten su aplicación después de su suspensión en 2022.
