Madrid, 27 may (EFE).- El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid considera que las “dudas razonables” sobre el uso “indebido” de recursos públicos en el presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, desde la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), quedaron “confirmadas” tras la comisión de investigación municipal que abundó en el asunto.

Así lo asegura el dictamen de la formación acerca de la comisión no permanente de investigación creada por los acuerdos del pleno del 22 de febrero de 2022, dirigida a “esclarecer la posible contratación, a través de la EMVS o la Empresa Municipal del Transporte (EMT), en el año 2021 de detectives o investigadores privados para asuntos particulares del Partido Popular”.

El PSOE considera probado que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se enteró “entre el 18-20 de diciembre de 2021” de que Ayuso sabía que, por parte del Ayuntamiento o una empresa municipal, se había “intentado contratar” a detectives para investigar a su hermano, Tomás Díaz Ayuso, por el presunto cobro de “una comisión de 283.000 euros” por la adjudicación de un contrato sanitario de la Comunidad durante la pandemia.

También se pudo constatar que Almeida reconoció “haber empleado medios municipales para un asunto exclusivamente privado del PP” cuando inició “una investigación interna” entre los días 18 y 20 de diciembre de 2021.

El grupo municipal socialista considera fehaciente que, en una primera instancia, el alcalde “únicamente” habló del tema con la portavoz del Gobierno local, Inmaculada Sanz, y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, hasta que el 11 de enero de 2022 se lo contó al presidente de la EMVS, Álvaro González.

De las conclusiones se extrae, al mismo tiempo, que el primer edil confirmó la existencia de una reunión en Génova 13 (sede del PP) para abordar el supuesto espionaje, aunque Almeida no determinó los asistentes al encuentro durante su intervención.

En opinión del PSOE, las ausencias de “activos del PP” que “participaron activamente” en la “trama”, así como las dimisiones del exdirector general de coordinación general de la Alcaldía, Ángel Carromero, o del exjefe de prensa de la EMVS, David Fernández, así como el “cese” del exjefe de prensa de Almeida, Joaquín Vidal, vienen a confirmar que “la trama existió y que hubo investigación” por parte del alcalde utilizando medios públicos.

En el apartado de “recomendaciones”, la formación socialista pide que el Ayuntamiento elabore una normativa, para su aprobación por parte del pleno en un plazo de 6 meses, sobre la “obligatoriedad de comparecencia del personal municipal y su sector público, con carácter imperativo”, en las sesiones de estos organismos, así como la valoración del “cese inmediato” de todo el personal eventual del Consistorio que no acuda.

De la misma forma, también demandan que el Consistorio, sus empresas públicas y los organismos autónomos vinculados tengan, como norma en su constitución, la “autonomía de funcionamiento y la independencia de este” con respecto a la dirección de la empresa, con el objetivo de actuar “de forma objetiva e imparcial”.