Ciudad de Guatemala, 22 nov (EFE).- El conflicto entre el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y la fiscal general del Ministerio Público (Fiscalía), Consuelo Porras, se agudiza con procesos judiciales contra funcionarios y otras personas cercanas al mandatario.
El 18 de noviembre, Arévalo de León decidió anunciar que las fuerzas de seguridad de Guatemala “no acatarán órdenes ilegales de la Fiscalía”, condicionando el trabajo en conjunto con la fiscal general, Consuelo Porras, a quien acusó de actuar de forma «espuria».
Ese mismo día, la Fiscalía que lidera Porras, quien está sancionada internacionalmente por 55 países por actos antidemocráticos”, había ejecutado dos allanamientos en contra de Félix Álvarado, exministro de Comunicaciones de Arévalo, con una orden judicial firmada por un juez anónimo y con agentes cubriendo sus rostros con pasamontañas.
“Advierto que el presidente asumió una decisión basada en los múltiples ataques de la fiscal general en contra de la propia gobernabilidad”, indicó a EFE Juan Francisco Sandoval, exfiscal anticorrupción que se encuentra exiliado en Estados Unidos desde 2021.
Arévalo de León aseguró que citaría a la fiscal para hablar sobre su papel frente al Ministerio Público. Sin embargo, el mandatario fue criticado en redes sociales por no haber fijado fecha para la reunión hasta el momento.
Esa situación fue aprovechada por Porras para invitar a Arévalo de León a una cita en su despacho pero el presidente la rechazó argumentando que será él quien convoque a un encuentro bajo los mecanismos legales establecidos.
“Las acciones de la fiscal son una burla al presidente (…) Porras está usando el Ministerio Público como una trinchera en favor de sus intereses”, opinó Sandoval.
En octubre pasado, el Vance Center para la Justicia Internacional publicó un informe donde señala que es posible la existencia de posibles violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos por parte del Ministerio Público guatemalteco por acusaciones en su contra de obstruir investigaciones de corrupción y perseguir a operadores de justicia y periodistas.
Un año de tensión
Arévalo de León tomó posesión el 14 de enero pasado pero su camino a la silla presidencial estuvo marcado por los intentos de Porras por evitar su asunción e incluso inició procesos judiciales para anular los resultados electorales de 2023 que beneficiaron al ahora presidente.
El presidente llegó al poder impulsado por sus promesas de combate a la corrupción y una imagen ajena a los sectores tradicionales de la política guatemalteca. Sin embargo, la petición más recurrente había sido la de destituir a la fiscal general que intentó interferir en las elecciones.
Aunque el mandatario aseguró a EFE, en la primera semana de enero, que buscaría la destitución de Porras, durante los diez primeros meses de Gobierno no encontró los mecanismos legales para hacerlo y tampoco el respaldo en el poder Legislativo para modificar la ley y poder pedir la renuncia de la fiscal.
Arévalo de León aseguró esta semana que si bien se busca “un cambio dentro del Ministerio Público” se apegará “a los mecanismos establecidos en la constitución” para lograrlo.
Durante estos diez meses la Fiscalía ha promovido al menos 11 antejuicios en contra de Arévalo de León y también llevó a cabo la captura de la funcionaria e integrante del partido de Gobierno Ligia Hernández en agosto pasado.
Hernández fue acusada de supuestas anomalías en la formación del partido Movimiento Semilla que llevó a la presidencia a Arévalo de León y finalmente decidió aceptar cargos para recuperar su libertad luego de más de 90 días de prisión.
En consideración del exfiscal Sandoval, “el Ministerio Público no está investigando, está jugando a ser un Estado paralelo”, lo que sería, según considera, “una acción peligrosa para la democracia”.
“Guatemala tiene muchos problemas y tareas pendientes y en medio de esto lo que el Ministerio Público está buscando es obstaculizar la tarea de gobernar”, advierte Sandoval, destituido de su cargo en 2021 cuando llevaba adelante una investigación contra el entonces presidente, Alejandro Giammattei (2020-2024).
En la próxima semana, el Congreso guatemalteco buscaría conocer reformas a la ley del Ministerio Público para que la fiscal general pueda ser removida por el presidente, pero, de acuerdo con algunos diputados consultados por EFE, no existen consensos para que esta propuesta siga adelante.
David Toro Escobar
