El Consistorio, como miembro de la Red de Infancia y Adolescencia, se ha unido a la declaración conjunta de todos los municipios que la conforman. Durante el actual curso, la Red trabaja en torno a la protección en los diferentes ámbitos: frente al perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación incluido el abuso sexual, a cualquier forma de explotación, tortura, pena cruel o cualquier otro trato inhumano o degradante, y frente a la privación de su libertad de manera legal o arbitraria.
La Red recuerda que recientemente España ha modificado el sistema de protección a la infancia y la adolescencia con dos nuevas leyes que refuerzan la prioridad del interés superior del menor, y garantizan una protección uniforme en todo el territorio del Estado. En base a la legislación, los ayuntamientos deben dedicar esfuerzos importantes a la protección de los chicos y chicas menores.
Jurídicamente, la situación de vulneración de derechos y desprotección se denomina «desamparo». Para un niño o niña cualquiera, estar desamparado es sentir que no tiene a nadie a quién recurrir, que a nadie importa de manera significativa, que nadie le cuida.
Como gobiernos locales, a los Ayuntamientos les corresponde desarrollar políticas orientadas a procurar entornos adecuados y protectores de la infancia: con recursos de atención a la infancia, potenciando la atención preventiva, ofreciendo recursos de intervención y de ayuda cada vez que haga falta, apoyando y formando a las familias, ofreciendo programas de ayuda hacia la maternidad y la paternidad responsables, desarrollando acciones que incrementen los factores de protección, o trabajando desde una perspectiva transversal, con actuaciones globales.
Los niños y niñas tienen derecho a contar con personas adultas que se ocupen de ellos y ellas, y así deben poder exigirlo como administración más cercana, como ciudadanos de pleno derecho que son. Porque un niño o niña, sea cual sea su entorno familiar y social, son ciudadanía que debe poder participar en las decisiones que le afectan directamente, por tanto especialmente en aquellas supuestamente protectoras.