Madrid, 10 feb (EFE).- Las acusaciones populares en la causa en la que se investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, han solicitado al juez Juan Carlos Peinado que refuerce la argumentación jurídica de los autos en los que imputó a la asesora de Moncloa que trabaja con Gómez y la intervención de parte sus comunicaciones, con el fin de evitar posibles nulidades.
La dirección letrada de las acusaciones populares que ejerce HazteOir ha presentado un recurso ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid en este sentido, y en el que se especifica que el mismo no cuenta con «la conformidad» de Vox, que es la acusación que lideraba al resto hasta hace unas semanas.
Actualmente son acusación popular en la causa en la que se investiga a Begoña Gómez y otras cuatro personas por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional un total de seis colectivos: HazteOir, Manos Limpias, Vox, Movimiento de Regeneración Política de España, Iustitia Europa y Marco Antonio Caballero.
El juez Juan Carlos Peinado acordó recientemente imputar a Cristina Álvarez, una asesora de Moncloa que asiste a la mujer del presidente del Gobierno, y que ya declaró como testigo en diciembre.
También acordó, en otro auto, acceder a su registro de llamadas realizadas desde que fue nombrada hasta ahora a la Universidad Complutense, al empresario Juan Carlos Barrabés y a números vinculados con su grupo, así como a teléfonos vinculados con el Instituto de Empresa, el África Center, la OMT, Indra, Google, la Fundación Manpower, Arsys Internet, Telefónica, la Fundación Caixa o Reale, además de cualquier otra entidad que patrocinara el máster o la cátedra en las que participó Gómez.
Ahora el letrado de HazteOir ha presentado un escrito en el que considera «absolutamente acertada la decisión tomada por el instructor a la hora de cambiar el estado procesal de la señora Álvarez al de investigada, por existir indicios de criminalidad contra ella, y también a la hora de adoptar diligencias de investigación relativas a la obtención de su registro de llamadas».
Pero añade que «podría ser oportuno aportar mayor motivación y argumentación con respecto a la decisión tomada», y no porque ésta sea «insuficiente», sino debido a que «la Audiencia Provincial de Madrid ha anulado ciertas diligencias de investigación por considerar que no se había justificado o motivado suficientemente la necesidad de las mismas, o su urgencia», en referencia al registro en la casa y las empresas del empresario Juan Carlos Barrabés, uno de los investigados.
Así las acusaciones sostienen que la argumentación del juez en sus autos sobre Cristina Álvarez «pudiera, potencialmente, conllevar cierto riesgo de que en el futuro se produjese la nulidad de diligencias esenciales para este procedimiento, especialmente si la defensa de alguno de los investigados opta por interponer recurso directo de apelación que no diese lugar a la posibilidad de revisar y profundizar en la motivación de las resoluciones impugnadas».
Por todo ello apoyan que por ejemplo el auto en el que imputa a Álvarez debería contener «mayor argumentación», sobre todo cuando el magistrado «acordó lo contrario unas semanas antes», y le conmina a «exteriorizar dichas razones con el fin de paliar el potencial peligro de una nulidad que dejase sin efecto diligencias fundamentales para la adecuada progresión de la causa».
