El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha procesado a once personas en la pieza separada del caso de los ERE relativa a las ayudas que la Junta de Andalucía concedió a Mercasevilla para extinguir puestos de trabajo en 2003 y 2007, por un importe total superior a los 12 millones de euros.
En un auto fechado el 12 de abril al que ha tenido acceso Efe, el juez de refuerzo acuerda continuar las diligencias previas como procedimiento abreviado y entiende que los hechos pueden ser constitutivos de los presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias y malversación.
Entre los procesados figuran el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet y el exsubdirector Daniel Ponce; varias personas vinculadas a la mediadora Vitalia y a las entidades Hermes Consulting y Maginae Solutions; un ‘intruso’ que se benefició de una póliza de seguro pese a que nunca habría trabajado en Mercasevilla; o un asesor fiscal.
Como responsables civiles subsidiarias también son procesadas Mercasevilla, Vitalia, Maginae Solution y Hermes Consulting, aunque Mercasevilla podrá ejercer la acusación particular como perjudicada por los pagos que efectuó a un investigado a través de otro encausado y de Maginae Solutions, y también por los perjuicios que le hubieren producido los «ilícitos» pagos que efectuó a Hermes por un contrato de servicios. El juez, además, acuerda el sobreseimiento provisional del procedimiento respecto a once miembros del comité de empresa de Mercasevilla y el exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas.
El juez admite que esos miembros del comité participaron en las negociaciones de los ERE de 2003 y 2007, pero matiza que esa actuación «aislada» no permite procesarlos «en ausencia de otras evidencias de las que se deduzca una mayor implicación». Así, su intervención «resulta insuficiente para sostener que tenían capacidad de disposición o de decisión sobre el otorgamiento de las ayudas», añade el auto del juez, facilitado por la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
En relación a Rivas, «conocía que las pólizas de seguro de rentas colectivas que integraban el núcleo de los acuerdos que fundamentaban la solicitud del correspondiente ERE podían o iban a ser financiadas con dinero público». Aun así, añade el juez, «no existen indicios sólidos de que haya tenido una intervención con suficiente relevancia causal en la decisión administrativa de otorgarse las ayudas y en la correlativa salida de dinero del erario público en forma tan irregular».
Esta pieza separada del caso ERE atañe a las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo a Mercasevilla «extramuros de cualquier legalidad» para abonar las primas de las pólizas de seguro de renta colectivas firmadas para extinguir puestos de trabajo. En el ERE de 2003, la Junta concedió 5.637.421,86 euros a Mercasevilla, mientras que en 2007 le dio 6.901.814,43 euros, según cifra el magistrado.
Esas ayudas «carecerían de objeto definido y concreto, se llevaron a efecto de forma injusta y arbitraria prescindiendo del procedimiento legalmente establecido» y sin fiscalización previa y las otorgó el entonces director general de Trabajo, el ya fallecido Javier Guerrero, «sin competencia para ello, sin resolución motivada y justificada de concesión» y «sin control administrativo ni justificación ni acreditación del destino de los fondos».
Para el juez, las ayudas fueron «una verdadera subvención a la empresa» para «financiar el coste de las relaciones laborales» y se concedieron «sin análisis económico alguno realizado por la Junta» con el fin de estudiar «especialmente» si la empresa no tenía capacidad «para hacer frente, en todo o en parte, a las obligaciones asumidas por la Junta». EFE
Fuente: © EFE 2021
