Madrid, 17 nov (EFE).- El empresario Javier López Madrid y el excomisario José Villarejo serán juzgados desde este lunes en la Audiencia Nacional por la supuesta contratación de éste para hostigar a la dermatóloga Elisa Pinto, con quien el exconsejero de OHL mantenía un conflicto privado.

Junto a ellos se sentará también en el banquillo el abogado Rafael Redondo, socio de Villarejo en su empresa Cenyt y junto al que ya ha sido condenado en varias piezas del caso Tándem. Los tres están acusados de un delito de cohecho.

Este será el primer juicio que van a encarar López Madrid y Villarejo por el caso Pinto, después de que en septiembre se aplazara un año la vista oral prevista ante el Juzgado de lo Penal número 10 de Madrid por amenazar y hostigar a la doctora para lograr que retirara una denuncia por acoso. Por estos hechos la Fiscalía pide 7 años y 10 meses de prisión para cada uno.

No así en la causa que se juzga desde este lunes en la Audiencia Nacional, que se llevó a juicio en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que pidó el archivo al considerar que no se había constatado que López Madrid diese dádiva alguna a Villarejo por este supuesto encargo y no quedaba «debidamente justificada» la perpetración de un delito de cohecho.

Según la Fiscalía, pese a que existe una anotación en la agenda de Villarejo de septiembre de 2013 con el textual «entrega 10 a cuenta» y una grabación en la que el excomisario refleja la «intención» de pedir dinero a López Madrid, no consta que se haya efectuado pago alguno.

Entiende además que si hubo o no pago es objeto de la investigación por amenazas, lesiones y acoso que queda pendiente de juicio, que se ha señalado para octubre del año próximo.

En contra de este argumento, el juez instructor del caso Villarejo deciró abrir jucio oral ante los «indicios racionales de criminalidad» contra los tres investigados, para quienes Pinto pide entre dos y seis años de prisión.

Según su escrito de acusación, en septiembre de 2013, López Madrid, por intermediación del presidente de Societé Generale, Donato Sánchez, «contrató a Villarejo a sabiendas de que era comisario en activo» para que «le ayudase a finalizar un asunto personal» en relación con Elisa Pinto.

Éste aceptó el encargo y llevó a cabo seguimientos telefónicos y a partir de 2014 se dedicó a hostigar a Pinto para evitar que denunciase al empresario por acoso.

El escrito también relata que el empresario fue al despacho de Pinto junto al abogado Redondo «con intención de hostigarla»; la dijo que «le dejase en paz, que llevaba mucho tiempo con la policía, que parase, y que la policía iría a verla», que «tenía que poner de su parte para que retirara unas denuncias».

En el marco del conflicto entre López Madrid y Elisa Pinto, el primero también presentó denuncia contra la doctora por acoso, si bien la jueza lo archivó en noviembre del 2022.