Bruselas, 21 sep (EFE).- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió este jueves mantener abierta y dar seguimiento a la petición de un movimiento de vecinos de Madrid contra la tala de árboles para ampliar la línea 11 del metro, un caso sobre el que se pedirá una respuesta escrita a la Comisión Europea y también un posicionamiento a la comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara.

La Asociación De Vecinos «Pasillo Verde Imperial» llevó ante el Parlamento Europeo su defensa de que la línea 11 del Metro de Madrid se amplíe «preservando los parques y gran parte de los árboles» de la zona, una condición que peligraría si se llevara a cabo el plan tal y cómo está proyectado ahora.

«Metro, sí, pero no así», insistió la representante de esta asociación, Susana de la Higuera, que advirtió de que los vecinos descubrieron en febrero de este año que la Comunidad de Madrid «había alterado sustancialmente el proyecto de ampliación aprobado en 2020 sin nueva declaración de impacto ambiental y a espaldas de la ciudadanía».

«El daño medioambiental se disparaba brutalmente. Las talas de árboles pasaban de 79 a 1.027 árboles maduros y de gran porte y las zonas verdes afectadas pasaban de 10.000 metros cuadrados a 63.000», cifró la vecina.

De la Higuera repasó ante los eurodiputados los daños ambientales que causaría en la superficie el proyecto que se plantea ahora mismo y defendió que en todos los enclaves problemáticos «hay alternativas viables» avaladas por expertos en la materia, algunas de ellas ya en el proyecto originalmente aprobado.

Los vecinos también han llevado su queja al Banco Europeo de Inversiones, ya que financia con un préstamo de 372 millones de euros una obra que, a juicio de los vecinos, no cumple con la mitad de los criterios de sostenibilidad de este órgano comunitario.

Desde el PP, el eurodiputado Pablo Arias defendió que Madrid está «totalmente alineada y comprometida con el medio ambiente» y alegó que la tala de lo que él cifró en 676 árboles en la zona donde se ampliaría el metro resultaría en la plantación de miles de árboles más debido a la normativa municipal de que cada árbol talado se repone según el número de años que tuviera el ejemplar afectado.

Esto significa que «si un árbol tiene 25 años, habrá que reponer 25 árboles por ese árbol talado», explicó el diputado, que consideró que esto sería «una respuesta muy buena» en términos medioambientales.

El socialista César Luena, por contra, pidió que la ampliación del metro se haga «con un proyecto alternativo, sin talar árboles y destrozar zonas verdes, parques y jardines» y pidió a la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid que «escuchen» a los vecinos, ya que estos han acudido a Bruselas sin haber mantenido un encuentro con las autoridades locales.

Además, como vicepresidente de la comisión de Medio Ambiente, se comprometió a que este órgano examine las demandas del movimiento vecinal.

«Hay administraciones adictas a la motosierra», criticó el eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas, que rechazó el argumento expuesto por el PP y sugirió que en ese caso tal vez se deberían talar todos los árboles existentes para plantar en su lugar «cientos de miles de millones» de ejemplares nuevos.

«No es necesario destruir jardines que están situados en entornos sociales que necesitan espacios verdes porque hay una alternativa en la ejecución de esta infraestructura respetuosa y posible», recalcó.

Desde el BNG, la eurodiputada Ana Miranda incidió en que los datos de modificación del proyecto realizado «no coinciden con el documento sometido a evaluación de impacto ambiental simplificada, ni tampoco con esa solicitud que se ha hecho al Banco Europeo de Inversiones» y se preguntó dónde ha quedado en este proceso «la oportunidad a estos colectivos (vecinales), que son muchos y numerosos de participar y a dar su opinión».

«Es evidente que Almeida y Ayuso han decidido pavimentar, alicatar, solar y asfaltar cada metro cuadrado de Madrid», ironizó por su parte Sira Rego (IU), que tras el encuentro puso un acento especial al seguimiento que se pueda dar a la queja planteada ante el Banco Europeo de Inversiones, ya que no persisten las condiciones en las que se aprobó el préstamo para el proyecto.

Los representantes de la asociación «Pasillo Verde Imperial», que salieron de la sesión parlamentaria «contentos» por que la petición siga su curso, tienen previsto verse este mismo jueves con un abogado de la Comisión Europea para trasladarle todas las irregularidades detectadas y pedirle que tome cartas en el asunto.