Santander, 24 mar (EFE).- La Fiscalía ha dado un mes de plazo al Ayuntamiento de Santander para que cumpla los acuerdos del pleno y proceda al cambio inmediato de los nombres de 18 calles y a la retirada de elementos conmemorativos que rinden homenaje a legiones italianas y a los caídos en la Plaza de Italia y en Reina Victoria.
También requiere al Ayuntamiento de Santander que se inicien las actuaciones necesarias «para la supresión de honores a criminales fascistas».
Este requerimiento de la Fiscalía es consecuencia de peticiones de varios colectivos relacionados con la Memoria Democrática y las víctimas del periodo franquista, que demandaron a la Fiscalía que se obligara al Ayuntamiento de Santander a cumplir la legislación y retirar del nomenclátor toda denominación que mencione exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión franquista.
El documento, que ha adelantado la Cadena SER y al que ha tenido acceso EFE, advierte de que, de no cumplirse con lo solicitado, se ejercitarán las acciones judiciales que se consideren procedentes. Así, se dará traslado a la Dirección General competente en materia de Memoria Democrática para que inicie, si lo estima oportuno, el procedimiento sancionador que corresponda por una infracción grave de la Ley de Memoria Democrática.
El fiscal delegado de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria determina en sus diligencias que el Ayuntamiento de Santander «no ha ejecutado sus propios acuerdos para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de memoria democrática».
«Se ha situado de forma consciente y deliberada en una posición inadmisible de rebeldía frente al cumplimiento de la ley», dice el documento de la Fiscalía, que alude además a normativa nacional e internacional.
El escrito de la Fiscalía ya señala que en mayo de 2023 las asociaciones denunciaron estos hechos y se abrieron unas diligencias de investigación, en las que ya se aportó documentación y el acuerdo del pleno de agosto de 2015 en el que se acordó que el Ayuntamiento adoptaría las medidas oportunas para el cambio de denominación de calles con nombres franquistas y la retirada de placas, escudos o elementos conmemorativos.
Tras el pleno, una comisión de estudio constituida en el Consejo Municipal de Cultura elevó propuesta para modificar el nombre de 18 calles de Santander y de otros elementos conmemorativos.
El escrito del fiscal delegado destaca que «ensalzar o enaltecer públicamente a criminales de la dictadura fascista, a través de nomenclaturas en las vías públicas del municipio de Santander, constituye un acto de normalización de una realidad criminal».
Y sostiene que además «oculta la historia de los que sufrieron la represión y niega el derecho a la reparación de las víctimas».
El fiscal abunda en su escrito en que «corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para la libertad y la igualdad del individuo».
Reconoce asimismo el derecho de las víctimas, sus familiares y la sociedad «a la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de los motivos y las circunstancias en que se cometieron las violaciones de derechos ocurridas con ocasión de la guerra y la dictadura».
El fiscal apela a la normativa nacional e incide en que además «existe en derecho internacional una tendencia clara hacia el reconocimiento del derecho a la verdad en casos de violaciones manifiestas de los derechos humanos».
Resulta «patente», para el fiscal, que la legalidad vigente está siendo «frontalmente conculcada», tanto en la obligación que impone al Ayuntamiento de Santander la Ley de Memoria Democrática como en lo que atañe al «incomprensible e injustificado incumplimiento» de las decisiones de gobierno municipal.
