La nueva Ordenanza para la adjudicación de Viviendas de Emergencia Social deberá ser ratificada en el Pleno, tras pasar por el periodo de alegaciones, en el que se han incorporado diferentes aportaciones realizadas por vecinos y partidos políticos, siempre atendiendo a los criterios que establece la ley.
Con esta ratificación se atenderá a nuevas realidades que no estaban contempladas en el texto aprobado en el año 2013, con el objetivo de poder atender a más vecinos y vecinas especialmente en situación de vulnerabilidad. Tal y como ha destacado la concejala de Bienestar Social, Ángeles Guindel «es fundamental poder dar una respuesta a las situaciones de mayor emergencia, recogiendo todos los supuestos y ayudando a quienes realmente lo necesitan».
En este sentido, la Ordenanza ha experimentado una mejora contemplando nuevas realidades que tienen que ver con quienes componen las unidades de convivencia, recoge realidades más diversas y de diferente naturaleza, refuerza el papel de profesionales, rebaja el porcentaje del Canon en algunos de los casos de perfiles más vulnerables y, además, recoge la apuesta del Gobierno Municipal por el lenguaje inclusivo.
Esta Ordenanza, se basa en criterios técnicos de carácter socioeconómico, pero también, en aspectos jurídicos y urbanísticos, que sin duda la hacen ser un documento que ha sido revisado pormenorizadamente, corregido y mejorado por el consenso de técnicos municipales. Aún así, como recoge la propia norma, esta debe ser revisada en cualquier momento y corregida para su mejora porque las necesidades de vulnerabilidad son cambiantes.
Entre las modificaciones más relevantes, se regula la puntuación sobre causas de necesidad de la vivienda, como la situación familiar, incluyendo salud, estabilidad en el municipio y circunstancias económicas. Además se atiende a los casos de desahucio con fecha fijada, que se considerarán urgentes a la hora de adjudicar la vivienda de emergencia social.
También se tiene en cuenta si la vivienda ha sufrido un siniestro, así como la declaración de ruina inminente del edificio u otras circunstancias que supongan una pérdida repentina y se deja abierta la opción de que los Servicios Sociales evalúen otra situación extraordinaria que suponga la pérdida sobrevenida de la vivienda.
