Los alcaldes del sur de Madrid constituyen una comisión para impulsar una ley que modifique la Ley del Suelo

Los municipios del sur de Madrid unen fuerzas para promover una legislación que garantice viviendas asequibles y proteja el derecho a la vivienda de sus ciudadanos

Hoy se ha constituido la comisión de alcaldes de los municipios de Fuenlabrada, Alcorcón, Getafe, Parla, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Ciempozuelos, Coslada y San Fernando de Henares con el objetivo de impulsar una iniciativa legislativa que modifique la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid de 2001. Esta modificación permitiría declarar zonas de mercado residencial tensionado, una medida contemplada en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, pero que aún no ha sido regulada por el Gobierno regional.

Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada, destacó la importancia de esta iniciativa para garantizar el acceso a la vivienda, propiciar la construcción de viviendas asequibles y fomentar la intervención de políticas públicas en el mercado inmobiliario. La propuesta busca convertir la política de vivienda en el quinto pilar del Estado de Bienestar, proporcionando soluciones asequibles y garantizando el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna.

La comisión también subraya la necesidad de que las administraciones locales, como entidades más cercanas a los ciudadanos, tengan los instrumentos legales para defender el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes que buscan su emancipación.

Además de impulsar la proposición de ley ante la Asamblea de Madrid, los ayuntamientos firmantes buscan crear un marco de actuación para fomentar la construcción de viviendas protegidas, ajustadas a las necesidades territoriales. Esta iniciativa responde a la falta de una regulación autonómica que aborde el problema de los mercados residenciales tensionados, una inacción que los alcaldes consideran perjudicial para sus vecinos.

La comisión reafirma su compromiso con la cooperación entre administraciones para asegurar políticas públicas que defiendan el derecho a la vivienda, un elemento clave para el desarrollo personal y familiar de los ciudadanos.