Madrid, 25 mar (EFE).- Los socios del Gobierno en el Congreso han apoyado este martes la nueva tramitación de la proposición de la ley que regula el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI), pero no garantizan su aprobación final y han criticado la forma en la que el Ejecutivo retiró el anterior proyecto.
El pleno del Congreso de los Diputados ha debatido y votado este martes la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el grupo parlamentario socialista, que ha sido aprobada con el apoyo de 176 diputados, 32 votos en contra y 137 abstenciones.
La norma transpone la nueva legislación europea y regula el régimen de derechos de emisión de GEI.
Es la segunda vez que la transposición de estas directivas llega al Congreso, después del proyecto de ley que se empezó a tramitar en 2024 y que el Gobierno retiró después de la introducción de una enmienda para eliminar el impuesto a la producción eléctrica cuando no exista déficit de tarifa, gracias a un pacto del PP y Junts.
Este movimiento del Ejecutivo ha marcado el debate de hoy en la Cámara baja, donde la norma ha vuelto en forma de proposición de ley del grupo socialista que incluye de nuevo el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica.
«Les importó más derrotar nuestras enmiendas que mantener la tramitación del proyecto de ley», ha señalado la diputada de Junts Pilar Calvo, que ha anunciado que, pese a votar a favor, su grupo no renunciará a sus enmiendas: «Pisotear nuestro trabajo parlamentario no les saldrá gratis, tiene costes».
También ERC ha dejado duras críticas por la retirada del proyecto de ley: «El Gobierno español actúa con absoluta impunidad», ha asegurado la parlamentaria Teresa Jordá, que ha avisado de que «quien mal empieza, mal acaba en la vida».
«Han actuado de forma autoritaria y poco plural», ha afirmado Idoia Sagastizabal desde el PNV, que ha justificado el apoyo en la votación para no perder más tiempo, pero presentarán enmiendas.
Por parte de Podemos, Javier Sánchez Serna también ha manifestado el voto a favor de los diputados de su partido este martes pero ha acusado al Gobierno de dejar fuera de la propuesta el prolongamiento de las ayudas del bono social eléctrico, un «compromiso que iba en esta ley».
«Para que llegue al final y a aprobarse tienen que cumplir con nosotros y, además de transponer directivas europeas, que es lo fácil, necesitamos también que esta ley contemple el bono social para las familias mas vulnerables», ha avisado.
Por su parte, el grupo popular ha instado al Gobierno a seguir las recomendaciones europeas de que «deben reducirse las cargas fiscales a la generación de energía», según ha aseverado Guillermo Mariscal Anaya, que ha referido que «competitividad y descarbonización no son conceptos antagónicos».
La transposición de la normativa europea busca alcanzar una reducción de al menos el 55 % de las emisiones de los GEI en 2030 respecto a 1990, además de incrementar los ingresos públicos para la transición energética, aplicar el principio de «quien contamina, paga» y proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad, según los socialistas.
«España no puede quedarse fuera del mercado europeo, no podemos condenar a nuestra industria a competir en desventaja», ha alertado la diputada socialista María de las Nieves Ramírez durante la defensa de la propuesta.
