La Comunidad de Madrid desaconsejó el traslado a los hospitales de las personas mayores con fragilidad no solo desde las residencias, con un texto que el Gobierno autonómico defiende como un borrador, sino también desde los domicilios, con un documento de triaje para los profesionales de Atención Primaria que estuvo en vigor.
Este documento recomendaba no trasladar a los hospitales a mayores de 80 años con patologías graves “y/o escala clínica de fragilidad o mayor a 5”, un nivel que indica “enlentecimiento y necesidad de ayuda para actividades como medicación o tareas domésticas”, tal y como publicó la Agencia Efe el pasado 10 de abril.
Entonces, fuentes de la Consejería de Sanidad confirmaron a Efe que este documento de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria había estado en vigor desde el 23 de marzo y que se iba a eliminar el criterio de la edad.
En el texto, al que ha tenido acceso Efe, se destaca la necesidad de “disponer de recomendaciones que ayuden a priorizar la asistencia” como “una obligación ética establecer criterios de justicia distributiva que respondan a criterios clínicos y científicos” y que “disminuyan la incertidumbre en la toma de decisiones de los profesionales y les apoye en la toma de decisiones en base a criterios clínicos y éticos”.
“Esto se contempla ya en los hospitales de la Comunidad de Madrid, lo avalan distintas sociedades científicas y Atención Primaria no debe ser ajena a ello”, señala también el documento.
En el protocolo se recomendaba ante «signos de compromiso respiratorio» y «desaturación de oxígeno» «valorar la permanencia en el domicilio» de las personas de igual o más de 80 años «con enfermedad de órgano terminal (insuficiencia cardiaca crónica avanzada, enfermedad obstructiva crónica grave, cirrosis hepática, insuficiencia renal crónica grave) y/o escala clínica de fragilidad igual o mayor a 5».
En esta escala se incluyen los levemente frágiles (5), moderadamente frágiles (6) (necesitar ayuda para actividades en el exterior o para vestirse), fragilidad grave (7), muy grave (dependientes cerca del final de su vida) (8) y terminal (9).
El traslado o no de los enfermos debía ser decidido en cada caso por al menos “dos profesionales sanitarios”, que tenían que comunicar el proceso de la toma de decisiones «con el paciente y su entorno afectivo» de forma «clara, honesta y empática» y documentar en la historia clínica «todo el proceso de toma de decisiones» y la decisión final.
Para quienes no fuesen trasladados se pautaba un tratamiento domiciliario para aliviar la sintomatología y dar confort al paciente suministrando cloruro mórfico -morfina- para evitar la disnea -dificultad para respirar- y otros fármacos ante la fiebre, la agitación, estertores o vómitos.
Tras las quejas por discriminación de la Asociación de Bioética y de la organización Derecho a Vivir, fuentes de la Consejería de Sanidad señalaron a Efe el 10 de abril que se iba a eliminar el criterio de la edad, desaconsejando únicamente el traslado a los hospitales de personas con escala de fragilidad 8 y 9, es decir muy grave (dependientes cerca del final de su vida) o terminal.
Este texto se une a las instrucciones de triaje que se enviaron a las residencias de mayores y que según el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso solo se aplicaron a partir del 27 de marzo, después de haber eliminado la recomendación de no derivar a los hospitales a aquellos ancianos con infección respiratoria que no puedan caminar por sí solos.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha admitido que la anterior versión del texto se envió a los centros, aunque lo atribuye a un “error”, una versión que ayer respaldó el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, a pesar de que este protocolo ha provocado un enfrentamiento abierto entre Escudero y el consejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, de Ciudadanos.
La equivocación en el envío contrasta con los hasta cuatro correos electrónicos enviados por Sanidad a Políticas Sociales pidiendo el traslado del texto a los centros.
Según publicó ayer El País, el entonces director de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, envió correos a la Consejería de Políticas Sociales para pedir que se comunicase el protocolo los días 18, 20, 24 y 25 de marzo. Los documentos estaban firmados por este alto cargo, que fue destituido el 13 de mayo.
Las recomendaciones fueron transformándose para eliminar la exclusión de personas con discapacidad de cualquier edad y se modificó también el índice de autonomía requerido para el traslado de los pacientes, explica este periódico.
Desde el 8 de marzo hasta ayer martes han muerto en la Comunidad de Madrid 5.975 residentes por coronavirus, un cómputo en el que se incluye a los casos probados con casos PCR y a quienes presentaban sintomatología compatible con la covid-19.
Además, 897 personas han muerto con coronavirus en sus domicilios, según los datos de Sanidad Mortuoria que publica a diario la Comunidad de Madrid, actualizados a 9 de junio.
Fuente: © EFE 2020
