El Gobierno regional considera que el Real Decreto ley invade sus competencias en materia de protección de menores
La Comunidad de Madrid ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto ley 2/2025, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 18 de marzo. Este texto modifica los criterios de reparto de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas.
Según el informe de la Abogacía General, el decreto vulnera la Constitución Española. En concreto, infringe competencias autonómicas sobre protección y tutela de menores, recogidas estatutariamente. La Comunidad defiende que la acogida inicial de estos menores corresponde a las regiones con estas competencias asumidas.
Además, el recurso denuncia que la norma ignora los derechos fundamentales de los menores. Afirma que los reubica por cuotas arbitrarias, sin garantizar su asistencia adecuada.
El Ejecutivo madrileño también considera que el decreto rompe el principio de solidaridad y lealtad institucional. Critica que se haya aprobado sin consultar a las comunidades autónomas y sin justificar los criterios de reparto. Tampoco se ha garantizado la financiación necesaria para su correcta aplicación, lo que, según Madrid, vulnera la autonomía financiera regional.
El recurso argumenta, además, que el uso de un Real Decreto ley es inadecuado. La reforma afecta a derechos y deberes fundamentales, lo que requeriría una Ley Orgánica, como recogen los artículos 81.1 y 86.1 de la Constitución. También cuestiona la urgencia invocada por el Gobierno central, ya que el propio texto reconoce que el problema lleva existiendo al menos ocho años.
Desde 2019, la Comunidad de Madrid ha atendido a 10.618 menores extranjeros no acompañados. En lo que va de 2025, ya ha recibido a 937.
