Madrid y Ministerio de Vivienda firman el convenio para continuar el soterramiento de A5

Vista de la autovía A-5 tras arrancar las obras de soterramiento de la A-5, en Madrid.  EFE/ Rodrigo Jiménez

Madrid, 27 feb (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) han firmado el convenio de colaboración para la ejecución del segundo tramo del soterramiento de la A5, que dará continuidad en el futuro a las obras que se están acometiendo en la actualidad.

El primer tramo del soterramiento de la A5 -un proyecto denominado Paseo Verde del Suroeste que arrancó en octubre de 2024- parte de la avenida de Portugal y llegará hasta la avenida del Padre Piquer, mientras que el segundo tramo, ligado a la Operación Campamento, culminará en la avenida de la Aviación.

Según detalla el Ayuntamiento de Madrid este jueves en un comunicado, la corporación local asumirá la financiación del 75 % del coste de la obra del segundo tramo del soterramiento. A SEPES, por su parte, le corresponderá el 25 % con un límite de 146,25 millones de euros.

El convenio firmado entre la administración municipal y la administración central establece, asimismo, que el 35 % de este importe se abonará en el momento de la licitación por el Ayuntamiento; un 40 % cuando se haya certificado el 75 % de la obra y el 25 % restante cuando la obra se ponga en servicio.

En el caso de que el coste sea mayor, el exceso será asumido por el Ayuntamiento de Madrid, que rige José Luis Martínez-Almeida.

Tendrá que empezar a ejecutarse dos años después de la aprobación del proyecto

 El convenio recoge también que el Gobierno municipal redactará el proyecto de soterramiento de la A5, ya adjudicada la redacción del anteproyecto, y los honorarios serán asumidos por SEPES hasta un máximo de 3 millones de euros, cuantía que será anticipada por esta entidad pública estatal en el plazo de tres meses desde la firma del convenio.

Por su parte, el Consistorio se compromete a tramitar el proyecto “con diligencia” y con la “máxima agilidad”.

Las obras de ejecución tendrán que comenzar en un plazo máximo de 24 meses desde la aprobación del proyecto.

Además, para hacer un seguimiento de la ejecución del convenio, se creará una comisión de vigilancia y control.