De los retenidos son veintiséis los condenados que sufren privación de libertad por homicidio imprudente con vehículo a motor

Según el Ministerio del Interior existen 4.543 personas privadas de libertad con algún tipo de delito relacionado con la seguridad vial, un 9% de la población penitenciaria. De ellos, 1.159 tiene como delito principal la seguridad vial.

Los datos provienen del primer informe integral sobre los delitos de seguridad vial y su incidencia en el ámbito penitenciario presentado, al fin del mes de julio, por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El ministro ha señalado que “el estudio nos devela que los delitos relacionados con la conducción de vehículos a motor llevan a prisión a un número cada vez más elevado de conductores. Tenemos que frenar esta tendencia, porque no debemos olvidar que, detrás de estas frías cifras hay personas”.

Radiografía de la Infracción a la Seguridad Vial

De esta manera el informe muestra mayor incidencia entre los hombres que suponen el 97,3% de los presidiarios frente al 2,7% de mujeres. Y siguiendo la radiografía expuesta en el informe el perfil medio sería un varón con una edad media de 40 años (39,8%) y de nacionalidad española.

Respecto al delito la mayor parte se tratan de condenas por conducir sin permiso o sin vigencia del mismo (54,4%), por conducción temeraria (16,5%) y bajo influencia de bebidas o análogas (16,5%).

Además, entre las personas en prisión son 9 de cada 10 las que tienen condenas inferiores a tres años y la condena media se sitúa en los 667 días (1,8 años). En cuanto al ámbito geográfico, las provincias de residencia de los condenados más frecuentes son Madrid, Málaga, Sevilla, A Coruña y Pontevedra.

Entre los retenidos en prisión son 26 las personas que se encuentran en la cárcel por homicidio imprudente con vehículo a motor, apenas un 0,7% del total de delitos por homicidio. No obstante, supone que uno de cada cinco homicidios imprudentes se produce con un vehículo a motor.

Penas y medidas alternativas a la prisión

Por otra parte, el informe también analiza la incidencia de estos delitos sobre las penas y medidas alternativas, que no implican penas privativas de libertad, sino que obligan a realizar trabajos en beneficio de la comunidad (TBC).

El año pasado, de las penas y medidas alternativas gestionadas un 30% corresponden a delitos contra la seguridad vial. Y en la totalidad fueron 30.000 personas condenadas por delitos contra la seguridad vial, cuya situación fue gestionada por la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias.